El juez instructor del caso Nóos, José Castro, pidió a cuatro registros de la propiedad que le faciliten las datos de las fincas que según la Agencia Tributaria la infanta Cristina vendió en 2005 y 2006 por un valor total de 1,4 millones.
Castro dictó ayer una providencia en la que solicita a los registradores de la propiedad de Alicante, Almagro (Ciudad Real), Arenys de Mar (Barcelona) y Pilar de la Horadada (Alicante) que le informen de las hojas registrales referentes a trece inmuebles para comprobar si fue la infanta quien los vendió en los dos años siguientes de adquirir su vivienda de Pedralbes junto a Iñaki Urdangarin.
La Agencia Tributaria entregó el pasado viernes al juez un informe en el que daba cuenta de la venta de siete inmuebles en 2005 y cinco en 2006 propiedad de doña Cristina, aunque la infanta, a través de la Casa del Rey, negó de forma tajante ese mismo día las operaciones que le atribuía Hacienda.
Estas transmisiones, que la Agencia Tributaria facilitó al juez bajo el epígrafe de 'información notarios-registradores', se referían en el año 2005 a dos inmuebles en Playa de San Juan (Alicante), de los que la hija del rey sería copropietaria y vendió a una misma persona, y de otras cinco propiedades en la localidad ciudadrealeña, de las que sería titular única y que supuestamente tuvieron un solo comprador.
En 2006, de acuerdo con los datos aportados al instructor del caso Nóos por Hacienda, la infanta habría vendido una vivienda en Calella (Barcelona), y cinco propiedades en Pilar de la Horadada (Alicante), inmuebles de los que figuraba como copropietaria.
En el desmentido de esta información que hizo el viernes por la noche, el portavoz de la Casa del Rey subrayó que la atribución de esas ventas a la infanta debía ser fruto de un error.
Por su parte, la Agencia Tributaria aseguró que remitió al juez José Castro, instructor del caso Nóos, los datos que obran en su poder y que son suministrados 'por terceros' respecto a las ventas inmobiliarias de la infanta Cristina, sin que fueran objeto de 'valoración jurídico-tributaria'. Ayer, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó que desconocía el informe de la Agencia en relación con las propiedades de doña Cristina, pero añadió que sería necesario ofrecer explicaciones 'en la medida en que se hubiera producido algún tipo de error'.
INFORMACIÓN DE TERCEROS
La Agencia Tributaria explicó que recibió un oficio del juez Castro requiriendo información de las cuentas de la infanta, así como de sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que fuera titular desde el año 2002. Explica que el pasado 14 de junio remitió al juzgado la información que figuraba en sus bases de datos recalcando que fue facilitada 'por terceros en cumplimiento de los deberes de suministro que les impone la normativa tributaria'.
Cabe señalar que, también ayer, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, señaló que la Fiscalía va a examinar el informe de la Agencia Tributaria. Según apuntó, esperará a que la Fiscalía examine dicho informe antes de pronunciarse sobre el mismo.
La Agencia Tributaria entregó el pasado viernes al juez un informe en el que daba cuenta de la venta de siete inmuebles en 2005 y cinco en 2006 propiedad de doña Cristina, aunque la infanta, a través de la Casa del Rey, negó de forma tajante ese mismo día las operaciones que le atribuía Hacienda.
Estas transmisiones, que la Agencia Tributaria facilitó al juez bajo el epígrafe de 'información notarios-registradores', se referían en el año 2005 a dos inmuebles en Playa de San Juan (Alicante), de los que la hija del rey sería copropietaria y vendió a una misma persona, y de otras cinco propiedades en la localidad ciudadrealeña, de las que sería titular única y que supuestamente tuvieron un solo comprador.
En 2006, de acuerdo con los datos aportados al instructor del caso Nóos por Hacienda, la infanta habría vendido una vivienda en Calella (Barcelona), y cinco propiedades en Pilar de la Horadada (Alicante), inmuebles de los que figuraba como copropietaria.
En el desmentido de esta información que hizo el viernes por la noche, el portavoz de la Casa del Rey subrayó que la atribución de esas ventas a la infanta debía ser fruto de un error.
Por su parte, la Agencia Tributaria aseguró que remitió al juez José Castro, instructor del caso Nóos, los datos que obran en su poder y que son suministrados 'por terceros' respecto a las ventas inmobiliarias de la infanta Cristina, sin que fueran objeto de 'valoración jurídico-tributaria'. Ayer, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó que desconocía el informe de la Agencia en relación con las propiedades de doña Cristina, pero añadió que sería necesario ofrecer explicaciones 'en la medida en que se hubiera producido algún tipo de error'.
INFORMACIÓN DE TERCEROS
La Agencia Tributaria explicó que recibió un oficio del juez Castro requiriendo información de las cuentas de la infanta, así como de sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que fuera titular desde el año 2002. Explica que el pasado 14 de junio remitió al juzgado la información que figuraba en sus bases de datos recalcando que fue facilitada 'por terceros en cumplimiento de los deberes de suministro que les impone la normativa tributaria'.
Cabe señalar que, también ayer, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, señaló que la Fiscalía va a examinar el informe de la Agencia Tributaria. Según apuntó, esperará a que la Fiscalía examine dicho informe antes de pronunciarse sobre el mismo.
