El Tribunal Superior Justicia de Madrid estima el recurso de las asociaciones de agentes contra la prohibición por parte del Gobierno de la manifestación para pedir equiparación de jornada con la Policía

La Justicia levanta el veto a la protesta de los guardias civiles

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó el recurso de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) contra la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir la manifestación convocada para el próximo sábado y autorizó su celebración.
En una sentencia notificada ayer, la sección octava de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJM concluye que los guardias civiles son titulares de los derechos de reunión y a la libertad de expresión y que éstos sólo pueden ser limitados por un motivo 'legalmente tasado' y que guarde 'proporcionalidad' con el bien jurídico que se pretenda proteger.

La Delegación del Gobierno en Madrid había prohibido la manifestación, convocada para pedir la equiparación de la jornada laboral de los agentes del instituto armado con la de los policías, alegando que tenía un 'inequívoco carácter sindical' y que este tipo de actividad está vetado por ley a los guardias civiles. El TSJM entiende, sin embargo, que el Gobierno identifica el carácter 'profesional-laboral' de las reivindicaciones 'con el carácter sindical' previsto en la ley 'con la finalidad de justificar la prohibición' de la marcha.

Además, la Delegación del Gobierno también prohibió la concentración que la Asociación de Automovilistas Europeos (AEA) convocó para ese mismo día para dejar patente su apoyo a los agentes de este Cuerpo. En otra sentencia el TSJM desestimó el recurso presentado por la AEA contra esa prohibición y ha confirmado la decisión de la Delegación del Gobierno, que consideró que la convocatoria no se había presentado en plazo.

Sobre la manifestación de guardias civiles, los magistrados recuerdan que la Ley Reguladora de Derechos y Deberes, aprobada en 2007, autorizó la creación de asociaciones de guardias 'para la defensa y promoción de sus derechos e intereses profesionales, económicos y sociales', entre los que se hacía referencia expresa al horario de trabajo. 'Resulta por lo tanto evidente, a juicio de la sala, que profesional y sindical son dos realidades distintas', dice la sentencia, que añade que la propia Delegación del Gobierno había autorizado este mismo año dos concentraciones de guardias civiles en la vía pública.

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