La Policía detiene a detectives y funcionarios en nueva fase de caso Pitiusa

La Policía Nacional ha detenido a varios detectives, empresarios y funcionarios públicos en una operación policial desarrollada en toda España derivada de la red delictiva destapada el pasado año en la denominada operación 'Pitiusa', han informado fuentes cercanas al caso.
Estas detenciones, que se han iniciado esta mañana en varias localidades españolas, entre ellas Barcelona, derivan de la investigación desarrollada en la operación 'Pitiusa', en relación con el tráfico ilícito y compraventa de datos que afectan a la privacidad de las personas.

En esta macrooperación, realizada a principios de mayo de 2012, ya habían sido detenidas 88 personas de 11 comunidades autónomas, y se practicaron un total de 46 registros en dos fases.

VÍNCULO CON EL CASO NÓOS

Durante el examen de la información incautada a esta red se descubrió que el hacker Matías Bevilacqua, experto en espionaje que había trabajado para el CNI, había sido contratado por el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, para analizar y ordenar los correos electrónicos del Instituto Nóos de cara a la declaración ante el juez del caso.

Los arrestados, a los que según los casos se les atribuye intrusismo profesional, descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y blanqueo de capitales, son mayoritariamente detectives privados, aunque también hay empleados públicos y empresarios, asalariados y particulares.

La operación Pitiusa arrancó en marzo de 2011 en torno a las actividades de un exdetective privado de Barcelona, actualmente policía local, que presuntamente utilizaba y cedía datos confidenciales obtenidos por su condición de funcionario público.

Formaba parte de una estructura organizada de carácter horizontal dedicada al mercadeo de información y datos reservados de carácter personal y empresarial a gran escala, con ramificaciones en todo el territorio nacional.

Los datos con los que se comerciaba abarcan desde matrículas hasta historiales médicos completos o expedientes de la Agencia Tributaria y con ellos sus compradores podrían alcanzar una situación prevalente frente a otras empresas de la competencia.

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