La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha avisado hoy al Gobierno de que su partido no va a consentir que juegue con la salud de la gente y ha esgrimido un informe de UGT que señala que se podrían haber evitado 2.400 muertes en la Comunidad Valenciana si no se hubieran privatizado hospitales.
En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso Rodríguez se ha dirigido a la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, para preguntarle qué análisis hace de las consecuencias de los recortes presupuestarios en el deterioro de servicios públicos en el país.
Rodríguez ha echado mano de un informe que, según ha dicho, ha realizado UGT sobre la privatización de algunos hospitales en la Comunidad Valenciana para argumentar que ha habido 2.400 muertes prematuras que hubieran sido evitables si no se hubiera optado por ese modelo de privatización.
'¿De verdad no la ha conmovido?', ha interrogado a la vicepresidenta, para responderse a continuación a sí misma con un 'no', porque de otra manera hoy no se hubiera conocido -ha agregado- la 'absurda noticia' de que no habrá subvenciones para trasplantes y donaciones a aquellas comunidades que incumplan los objetivos de déficit.
Visiblemente enfadada, Rodríguez ha espetado: '¿Pero quién se cree que son ustedes para jugar así con la salud de la gente? No se lo vamos a permitir; van a rectificar esa orden'.
Sáenz de Santamaría ha replicado que las reformas puestas en marcha son precisamente para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y que éstos tengan futuro.
También ha señalado que uno de los principales errores de un Gobierno es no tener unas cuentas públicas saneadas, porque eso hace que sean inviables e insostenibles los servicios básicos, que no se pueden financiar continuamente con déficit 'ni de prestado'.
Otro error -ha incidido- es no vigilar los ingresos y el anterior Ejecutivo socialista dejó que bajaran 60.000 millones entre 2008 y 2009.
Además, ha señalado que es 'una temeridad' no darse cuenta de que la evolución demográfica afecta a los servicios y que hay que tomar medidas.
Para la vicepresidenta, 'el peor enemigo' de los servicios públicos es 'la demagogia': 'Prometer desde la oposición -ha especificado- lo que no ha sido capaz de hacer en el Gobierno y encima no explicar a los ciudadanos con qué recursos se va a pagar'.
En el turno de réplica, Rodríguez se ha quejado además de que el Gobierno realice el 'recorte en derechos' a través de decretos-leyes, hasta 35 desde el inicio de la legislatura.
Rodríguez se ha referido en concreto al último, el que incluye nuevas medidas sobre las pensiones, que ha calificado 'de escándalo' y con el que, de acuerdo con su opinión, el Ejecutivo hace 'saltar por los aires' el Pacto de Toledo.
'¿No le da vergüenza haber mandado las previsiones de modificación del recorte de las pensiones parciales en noviembre y traerlo por un decreto-ley, no le da vergüenza de verdad?', ha preguntado a la vicepresidenta.
Sáenz de Santamaría ha recordado que fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que alargó la edad de jubilación hasta los 67 años, por lo que le parecía 'mentira' que ahora ella tuviera que explicar que 'es bueno que se siga trabajando hasta los 61 o los 63 años'.
'Ya sé que es mucho pedir coherencia a un grupo que congeló las pensiones, actualización cero, y ahora recurre al Tribunal Constitucional una actualización del dos por ciento', ha apostillado en alusión al recurso presentado por el PSOE y el resto de grupos de la oposición.
Rodríguez ha echado mano de un informe que, según ha dicho, ha realizado UGT sobre la privatización de algunos hospitales en la Comunidad Valenciana para argumentar que ha habido 2.400 muertes prematuras que hubieran sido evitables si no se hubiera optado por ese modelo de privatización.
'¿De verdad no la ha conmovido?', ha interrogado a la vicepresidenta, para responderse a continuación a sí misma con un 'no', porque de otra manera hoy no se hubiera conocido -ha agregado- la 'absurda noticia' de que no habrá subvenciones para trasplantes y donaciones a aquellas comunidades que incumplan los objetivos de déficit.
Visiblemente enfadada, Rodríguez ha espetado: '¿Pero quién se cree que son ustedes para jugar así con la salud de la gente? No se lo vamos a permitir; van a rectificar esa orden'.
Sáenz de Santamaría ha replicado que las reformas puestas en marcha son precisamente para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y que éstos tengan futuro.
También ha señalado que uno de los principales errores de un Gobierno es no tener unas cuentas públicas saneadas, porque eso hace que sean inviables e insostenibles los servicios básicos, que no se pueden financiar continuamente con déficit 'ni de prestado'.
Otro error -ha incidido- es no vigilar los ingresos y el anterior Ejecutivo socialista dejó que bajaran 60.000 millones entre 2008 y 2009.
Además, ha señalado que es 'una temeridad' no darse cuenta de que la evolución demográfica afecta a los servicios y que hay que tomar medidas.
Para la vicepresidenta, 'el peor enemigo' de los servicios públicos es 'la demagogia': 'Prometer desde la oposición -ha especificado- lo que no ha sido capaz de hacer en el Gobierno y encima no explicar a los ciudadanos con qué recursos se va a pagar'.
En el turno de réplica, Rodríguez se ha quejado además de que el Gobierno realice el 'recorte en derechos' a través de decretos-leyes, hasta 35 desde el inicio de la legislatura.
Rodríguez se ha referido en concreto al último, el que incluye nuevas medidas sobre las pensiones, que ha calificado 'de escándalo' y con el que, de acuerdo con su opinión, el Ejecutivo hace 'saltar por los aires' el Pacto de Toledo.
'¿No le da vergüenza haber mandado las previsiones de modificación del recorte de las pensiones parciales en noviembre y traerlo por un decreto-ley, no le da vergüenza de verdad?', ha preguntado a la vicepresidenta.
Sáenz de Santamaría ha recordado que fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que alargó la edad de jubilación hasta los 67 años, por lo que le parecía 'mentira' que ahora ella tuviera que explicar que 'es bueno que se siga trabajando hasta los 61 o los 63 años'.
'Ya sé que es mucho pedir coherencia a un grupo que congeló las pensiones, actualización cero, y ahora recurre al Tribunal Constitucional una actualización del dos por ciento', ha apostillado en alusión al recurso presentado por el PSOE y el resto de grupos de la oposición.
