La reforma del artículo 135 de la Constitución, que consagrará en la Carta Magna una regla fiscal para todas las administraciones públicas, inició ayer su tramitación urgente en el Congreso, aunque el PSOE y el PP, promotores de la iniciativa, sólo consiguieron el apoyo de UPN. La proposición de ley pactada entre los dos principales grupos sorteó el primer trámite y, tal y como se esperaba, sólo tuvo un voto en contra dentro de las filas socialistas: el del ex secretario general de Comisiones Obreras Antonio Gutiérrez.
Se opusieron los nacionalistas vascos y el resto de grupos minoritarios de la Cámara, mientras que los parlamentarios de CiU optaron por no pulsar el botón de las votaciones y se les computó como 'ausentes', pese a que estaban dentro del hemiciclo.
También estaban en sus escaños los principales actores de este pacto: el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el líder de la oposición, Mariano Rajoy, y el candidato socialista para las elecciones del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, visiblemente cansado tras la jornada maratoniana que tuvo el lunes para explicar a sus compañeros de partido la reforma.
'Estoy muy satisfecho porque realmente es muy importante para España en este momento', señaló Zapatero en unas breves declaraciones a los periodistas al acabar la sesión plenaria, en las que aseguró sentirse respaldado por sus compañeros, de quienes elogió su 'enorme sentido' de la responsabilidad.
LOS ARGUMENTOS
Fueron los portavoces parlamentarios del PSOE y del PP, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, respectivamente, los encargados de defender su acuerdo desde la tribuna de oradores, cuya necesidad y urgencia justificaron. Alonso advirtió de que, sin esta reforma, la situación 'se agravaría en otoño' y se alcanzaría un estado 'insostenible' que pondría en riesgo las políticas sociales de bienestar.
Una idea que compartió su homóloga del Partido Popular, para quien es una medida 'necesaria, oportuna y responsable', que reforzará el modelo de Estado y mediante la cual la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas se convertirá en un deber y no en una opción.
Paralelamente, PSOE y PP intentarán convencer a los nacionalistas catalanes para que se sumen al acuerdo, al que CiU dejó la puerta abierta al anunciar la presentación de enmiendas, al igual que hará el PNV.
Finalmente, se aceptó la toma en consideración de la reforma con 318 votos a favor, 16 en contra (PNV, ERC, IU, ICV, BNG, NaBai, UPyD y Gutiérrez) y 2 abstenciones (Coalición Canaria).
Después de concluir la sesión plenaria, decenas de 'indignados' mostraron su rechazo en las proximidades del edificio de la Cámara Baja, cuyos accesos estaban blindados por la Policía, y tacharon de 'vergüenza' la reforma constitucional.
También estaban en sus escaños los principales actores de este pacto: el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el líder de la oposición, Mariano Rajoy, y el candidato socialista para las elecciones del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, visiblemente cansado tras la jornada maratoniana que tuvo el lunes para explicar a sus compañeros de partido la reforma.
'Estoy muy satisfecho porque realmente es muy importante para España en este momento', señaló Zapatero en unas breves declaraciones a los periodistas al acabar la sesión plenaria, en las que aseguró sentirse respaldado por sus compañeros, de quienes elogió su 'enorme sentido' de la responsabilidad.
LOS ARGUMENTOS
Fueron los portavoces parlamentarios del PSOE y del PP, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, respectivamente, los encargados de defender su acuerdo desde la tribuna de oradores, cuya necesidad y urgencia justificaron. Alonso advirtió de que, sin esta reforma, la situación 'se agravaría en otoño' y se alcanzaría un estado 'insostenible' que pondría en riesgo las políticas sociales de bienestar.
Una idea que compartió su homóloga del Partido Popular, para quien es una medida 'necesaria, oportuna y responsable', que reforzará el modelo de Estado y mediante la cual la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas se convertirá en un deber y no en una opción.
Paralelamente, PSOE y PP intentarán convencer a los nacionalistas catalanes para que se sumen al acuerdo, al que CiU dejó la puerta abierta al anunciar la presentación de enmiendas, al igual que hará el PNV.
Finalmente, se aceptó la toma en consideración de la reforma con 318 votos a favor, 16 en contra (PNV, ERC, IU, ICV, BNG, NaBai, UPyD y Gutiérrez) y 2 abstenciones (Coalición Canaria).
Después de concluir la sesión plenaria, decenas de 'indignados' mostraron su rechazo en las proximidades del edificio de la Cámara Baja, cuyos accesos estaban blindados por la Policía, y tacharon de 'vergüenza' la reforma constitucional.
