Con sólo tres votos en contra, la Sala del 61 del Tribunal Supremo (TS) considera a Sortu heredera de la ilegalizada Batasuna.
Por tanto, acordó que prohibirá que la formación sea inscrita en el Registro de Partidos Políticos. Esta decisión imposibilitará que la agrupación abertzale concurra en los próximos comicios municipales y autonómicos, informaron fuentes del alto tribunal. Eso, salvo que la agrupación opte por presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). El TS no aprueba la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, al estimar las demandas de la Abogacía del Estado y la Fiscalía contra la organización abertzale. De este modo, se considera que es sucesora de Batasuna, ilegalizada en marzo de 2003 por su vinculación con la organización terrorista ETA.
La decisión vino precedida de una deliberación de más de nueve horas, que se inició un día después de que la vista pública llegase a su término con los alegatos finales.. Fue entonces el turno de Manuel Rivero, representante de los Servicios Jurídicos de Estado, Antonio Narváez, fiscal de Sala de lo Contencioso-Administrativo, e Iñigo Iruin, que ejercía, junto con Adolfo Araiz, la defensa de Sortu. El contenido íntegro del auto se dará a conocer en los próximos días. De momento, se sabe que sólo tres de los 16 magistrados que componen la Sala votaron en contra, por lo que la mayoría intenta impedir que Sortu llegue a los comicios de mayo.
UNANIMIDAD ROTA
La unanimidad de la Sala 61 sólo se ha roto en dos ocasiones. El otro caso tuvo lugar en mayo de 2009, cuando el TS deliberó sobre Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (IISP), una candidatura de la izquierda abertzale que también se anuló.
Durante la vista del lunes y el martes, Manuel Rivero sostuvo que Sortu es 'el enésimo intento' del complejo ETA/EKIN para llegar a las urnas. La defensa se había acogido durante el proceso a que la nueva organización es el resultado de una escisión en el seno de la izquierda abertzale. El letrado del Estado se apoyó en los informes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) para afirmar que no ha habido un debate real.
Narváez subrayó: 'El perfecto fraude de ley y el perfecto abuso de derecho es aquél que no es posible detectar'. A su modo de ver, 'el problema' no está relacionado con la ideología de los promotores de la nueva agrupación, sino con que... 'No estamos hablando de un nuevo escenario sino de algo que todavía está sujeto a los planes de ETA y de Batasuna'.
Iñigo Iruin resaltó, una vez más, que sí se produjo un debate. Según el abogado, ETA quería intervenir en este debate: 'Era muy consciente del germen de discrepancia', que residía en la ruptura de la tregua que había declarado con anterioridad. El rechazo a la violencia contenido en los estatutos es uno de los frutos de esa discusión, y, por tanto, no se incluye 'por imperativo legal'. La defensa dijo que el hecho de que haya miembros de la izquierda abertzale vinculados a Sortu no es suficiente para justificar la ilegalización.
La decisión vino precedida de una deliberación de más de nueve horas, que se inició un día después de que la vista pública llegase a su término con los alegatos finales.. Fue entonces el turno de Manuel Rivero, representante de los Servicios Jurídicos de Estado, Antonio Narváez, fiscal de Sala de lo Contencioso-Administrativo, e Iñigo Iruin, que ejercía, junto con Adolfo Araiz, la defensa de Sortu. El contenido íntegro del auto se dará a conocer en los próximos días. De momento, se sabe que sólo tres de los 16 magistrados que componen la Sala votaron en contra, por lo que la mayoría intenta impedir que Sortu llegue a los comicios de mayo.
UNANIMIDAD ROTA
La unanimidad de la Sala 61 sólo se ha roto en dos ocasiones. El otro caso tuvo lugar en mayo de 2009, cuando el TS deliberó sobre Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (IISP), una candidatura de la izquierda abertzale que también se anuló.
Durante la vista del lunes y el martes, Manuel Rivero sostuvo que Sortu es 'el enésimo intento' del complejo ETA/EKIN para llegar a las urnas. La defensa se había acogido durante el proceso a que la nueva organización es el resultado de una escisión en el seno de la izquierda abertzale. El letrado del Estado se apoyó en los informes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) para afirmar que no ha habido un debate real.
Narváez subrayó: 'El perfecto fraude de ley y el perfecto abuso de derecho es aquél que no es posible detectar'. A su modo de ver, 'el problema' no está relacionado con la ideología de los promotores de la nueva agrupación, sino con que... 'No estamos hablando de un nuevo escenario sino de algo que todavía está sujeto a los planes de ETA y de Batasuna'.
Iñigo Iruin resaltó, una vez más, que sí se produjo un debate. Según el abogado, ETA quería intervenir en este debate: 'Era muy consciente del germen de discrepancia', que residía en la ruptura de la tregua que había declarado con anterioridad. El rechazo a la violencia contenido en los estatutos es uno de los frutos de esa discusión, y, por tanto, no se incluye 'por imperativo legal'. La defensa dijo que el hecho de que haya miembros de la izquierda abertzale vinculados a Sortu no es suficiente para justificar la ilegalización.
