Entre las asociaciones presentes en la iniciativa están representantes de Angrois o de la familia Couso
Las asociaciones de víctimas del accidente de Spanair, Metro de Valencia, Víctimas del Alvia-Santiago, Yak-42 y la familia Couso se han unido en la Red de Víctimas Españolas (Reves) para exigir a la clase política española respeto, justicia, verdad y memoria, ya que se sienten "ninguneados, ignorados y maltratados". Así lo explicaron los portavoces de las diferentes asociaciones en una rueda de prensa celebrada en Madrid, para presentar un manifiesto que han suscrito y que entregarán a los partidos políticos que se presentan a las elecciones europeas del 25 de mayo. En este acto estaba prevista la asistencia de representantes de las familias de las víctimas del Madrid Arena, que rubricarán el manifiesto más adelante.
Entre las propuestas y peticiones que incluye el citado manifiesto se incluye la creación de una Oficina de Víctimas Europeas, la constitución de un grupo de trabajo que elabore el Estatuto Europeo de las Víctimas y la creación de un Consejo Nacional de Seguridad, dependiente del Congreso de los Diputados que investigue las catástrofes dentro y fuera del Estado español.
Durante su intervención, la presidenta de la asociación de víctimas del accidente del vuelo de Spanair JK-50-22, Pilar Vera, manifestó que "ahora está más cerca de hacerse realidad el sueño" por el que viene luchando desde marzo de 2010 y es la "unión" de las víctimas en España, lo que, a su juicio, será "extraordinario y único". "Para las familias no es una cuestión económica, sino de derecho y respeto", ha remachado.
Mismos sentimientos
"A todas las víctimas, aunque el origen de nuestra tragedia sea diferente, nos unen los mismos sentimientos. Frustración, dolor, impotencia, injusticia, adversidad frente a lo imposible, muros de silencio", ha indicado, para después añadir que "la unión de todos hará que cambien los procedimientos, las normas y los métodos" que han provocado estas tragedias y evitar que "el tiempo, enemigo de la memoria, haga su trabajo con el olvido".
María Teresa Gómez Limón, de la Plataforma de Víctimas del Alvia-Santiago, puso en valor la "ejemplar" instrucción del juez del caso, al tiempo que acusó al fiscal porque "no se dedica a defender a las víctimas, sino que se dedica a defender a los acusados porque son poderosos", al Estado español porque "el Ejecutivo manda sobre el Legislativo y sobre el Poder Judicial" y acusó al Ministerio de Fomento de "ahora y al de antes" porque ha vendido un billete de alta velocidad por "un afán de codicia".
"Nosotros vamos a seguir esta lucha", aseguró Gómez Limón, para después advertir de que lo verdaderamente importante del manifiesto que han presentado es que "pase las fronteras de España" porque ya no confían en las instituciones españolas. "Aquí no hay democracia, sólo hay un teatro que se montan los poderosos para ganar unos y otros", subrayó.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas de Yak-42, Miguel Sencianes, aseguró que antes de que sus familiares murieran, creían que los políticos españoles "no mentían y que estaban al servicio de todos los ciudadanos, sobre todo, en los casos de vulnerabilidad". Además, denunció la "impunidad completa" que hubo en su caso y que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "indultó hace dos años a los únicos acusados, declarados delincuentes", haciendo el "peor agravio a la memoria de 62 ciudadanos y a sus familias".
"No podemos consentir que una negligencia provoque una muerte más, no se puede engañar con la identidad de los ciudadanos y menos si está muerto, nunca más se debe permitir que una madre busque el cuerpo de su hijo durante dos años y mucho menos que estos hechos tan graves queden impunes con un indulto", señaló Sencianes.
Protegen a los responsables
En último lugar, Paco Cardona -en nombre de la presidenta de la Asociación 3 de Julio de Metro de Valencia, Beatriz Garrote- indicó que este acto "no debería ser necesario" ni que las víctimas tengan que exigir que se atiendan sus derechos de "información y de reparación". Según Cardona, la respuesta que las diferentes administraciones y gobiernos del Estado español dan ante una tragedia está "más encaminada a proteger a los responsables de estos sucesos que en algunas ocasiones es la misma administración pública, que a defender los derechos de las víctimas".
