La financiación de cualquier institución es, sin duda, una de las piezas más importantes para su correcto funcionamiento. Con independencia del tamaño y naturaleza de la entidad, como reza el refranero español “las cuentas claras y el chocolate espeso”. Esta máxima es, sin duda, importante sobre todo para aquellas entidades financiadas parcial o totalmente con dinero público.
En este sentido, los partidos políticos, dado el importante papel que desempeñan deben ser un buen ejemplo de una correcta financiación. Precisamente en un momento donde el escenario político para formar gobierno sigue abierto, es el momento adecuado para reflexionar sobre la financiación de estas entidades, pieza clave de nuestra democracia.
FUENTES DE FINANCIACIÓN
La actividad de los partidos políticos presenta unas características especiales, que en buena medida son las responsables de todo lo que rodea a su financiación. A veces se argumenta que su financiación debería basarse en la captación de recursos íntegramente privados (autofinanciación), ya que nadie obliga a estar en política, ni afiliarse a un partido, siendo por lo tanto una opción totalmente voluntaria. Lo anterior implicaría que los gastos de los partidos políticos se deberían financiar totalmente con las cuotas de los afiliados o simpatizantes o a través de otras herramientas como el crowdfunding, tan defendida por alguno de los partidos emergentes, sobre todo en un escenario de desafectación de la ciudadanía de los partidos políticos. Sin embargo y aunque no se disponen de estadísticas actualizadas, los partidos con mayor historia están sufriendo un importante número de bajas en sus afiliaciones, lo que puede estar condicionando la financiación por las vías tradicionales. Otras veces se mantiene la opinión contraria, apostando por una financiación parcial de naturaleza pública de los partidos políticos, puesto que si las tareas que realizan benefician a la colectividad, es necesario (y justo) contar con apoyo financiero público que al menos compense, parte de este esfuerzo.
En economía no hay verdades absolutas y como cualquier cuestión de naturaleza económica, la financiación pública de los partidos políticos tiene sus pros y contras. Dentro de los primeros estaría que al fijarse una cantidad independiente de las presiones externas, se evitaría, cuanto menos parcialmente, la dependencia de los partidos políticos de los grupos de presión o lobbies, que pueden intentar condicionar su apoyo a que el partido político defienda sus intereses, aún a costa de no beneficiar a la colectividad. El ejemplo más claro es el modelo norteamericano, donde el apoyo económico suele venir asociado a ciertos comportamientos futuros. En segundo lugar, si la financiación se vincula con los resultados de las últimas elecciones, la financiación pública parece ser un indicador objetivo y eficiente, ya que a mejor resultado, se debería primar el esfuerzo. O si se quiere decir de otra forma, sería una financiación por objetivos. En cuanto a las limitaciones, entre otras, se puede citar que al ser los partidos políticos quienes fijan estos fondos que luego se van a repartir, esto se traduce en cierto grado de control sobre este dinero, pudiendo incrementar o disminuir el monto global a discreción de los propios partidos políticos. Además, hay que considerar que la existencia de recursos públicos puede provocar una excesiva dependencia financiera del erario público, reduciendo los esfuerzos por captar fondos por otras vías. Si la financiación es 100% pública, no habrá ningún interés por captar fondos de los simpatizantes o afiliados, lo que a la larga desvirtuaría la relación con sus electores.
MODELO ÓPTIMO
Teniendo en cuenta lo anterior, parece que lo más adecuado es una financiación mixta (público-privada) de los partidos políticos, aunque no tan dependiente de los fondos públicos como ocurre en España, que es uno de los ejemplos donde más se aporta públicamente a los presupuestos de los partidos políticos. En efecto, en nuestro país se apuesta por un sistema mixto de financiación basado en las aportaciones de la ciudadanía (pero de naturaleza marginal, que no cubre la operatividad diaria de los partidos políticos) y, sobre todo, por la vía de los recursos procedentes de fuentes públicas, que se hacen depender del alcance de la representación política de los partidos (a mejores resultados, más recursos públicos).
Además, para evitar comportamientos poco ejemplares se establece que las aportaciones privadas deben proceder de personas físicas y/o jurídicas que no tengan contratos en vigor con las administraciones públicas, y que además, estas cantidades deberían ser identificables y con ciertos límites. La realidad española nos muestra que los recursos de naturaleza privada solo suponen el 25% (y cayendo) de los fondos de los partidos políticos. Como se ha señalado, resulta evidente que el desinterés por la política, sobre todo de nuestros jóvenes, se ha
traducido en una perdida generaliza de simpatizantes y afiliados en los partidos “tradicionales”. Las cuentas de explotación de estos partidos así lo manifiestan.
Por lo que respecta a la financiación pública en España se contemplan varias partidas, en función del objetivo perseguido: gastos electorales; gastos de funcionamiento; campañas de propaganda y aportaciones por la representación política conseguida.
CIFRAS GLOBALES
Ahora bien ¿De cuánto dinero hablamos? En 2011 se aprobaron 82,3 millones de euros en concepto de subvenciones anuales para la financiación de los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, mientras que en 2015 el monto total fue de 52,7 millones, cuantía que recoge un importante descenso del 36%. Además, el importe asignado en este último año fue idéntico al de 2013 y 2014. A estas cantidades hay que sumar las dotaciones para sufragar las actividades de los partidos políticos en época electoral, que en algunos años ha llegado a suponer hasta 45 millones de euros. Y téngase en cuenta que en España hay tres niveles de administración pública: estatal, autonómica y local, por lo que hay que considerar el gasto de todos los procesos electorales.
En las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, los partidos políticos con representación en el Congreso y en Senado recibieron 21.600 euros por cada escaño conseguido. Además, se concedió 0,83 euros por cada voto en la lista al Congreso y 0,33 euros por cada voto en el Senado, siempre que estos se tradujeran en representación en cada una de las cámaras. Dentro del capítulo de ayudas a la propaganda electoral, se abonó con 0,22 euros por cada elector de cada circunscripción en la que el partido político se haya presentado a la lista al Congreso y al Senado, siempre y cuando la formación política haya conseguido crear grupo parlamentario propio. En las elecciones generales del 20 de diciembre de 2016 las cantidades asignadas fueron algo menores: 21.167 euros por cada escaño obtenido en el Congreso, 0,81 euros y 0,32 euros por cada voto en la lista al Congreso y Senado, respectivamente, si se consigue representación. Para propaganda electoral se estableció 0,18 euros por cada elector.
Como se puede comprobar los recortes también han llegado, aunque no con tanta intensidad como en otras partidas de gasto público (educación, sanidad o dependencia) a los partidos políticos.
¿Se puede aprender algo de la experiencia comparada en materia de financiación de los partidos políticos? El modelo español de financiación de los partidos políticos es diametralmente opuesto al norteamericano. En este último caso son los candidatos los responsables de encontrar fuentes de financiación para las campañas políticas, reduciendo el coste para las arcas públicas. Todos tenemos la imagen del candidato captando fondos de múltiples vías. Sin embargo, esto se traduce en la necesidad de considerar, en sus programas electorales, intereses particulares para conseguir financiación, lo que no siempre resulta lo más aconsejable. En Alemania los partidos políticos perciben una cantidad de las arcas públicas similar a la que recaudan por sus propios medios, lo que incentiva la captación de recursos por la vía privada (corresponsabilidad financiera). En Italia se retiró la financiación pública directa con cargo a los presupuestos para el funcionamiento ordinario, existiendo financiación para las candidaturas electorales. Como se puede comprobar, la casuística es muy variada.
EFICIENCIA Y CONTROL
¿El gasto de los partidos políticos es excesivo? ¿Se pueden recortar algunas partidas de gasto? Creo que es el momento de plantearse algunos de los gastos en que incurren los partidos políticos que no suelen tener prácticamente impacto en sus resultados electorales. La eficacia de los mensajes políticos difundidos a través de carteles y buzoneo, pese a sus elevados costes para el erario público, es cada vez más dudosa. La propaganda electoral se cuestiona cada vez más, sobre todo en un momento en que los formatos digitales están ganando la batalla a la comunicación vía papel. La eficacia de las redes sociales, sobre todo en los últimos años con los partidos emergentes, se ha mostrado mucho mayor que los métodos tradicionales de propaganda electoral, siendo además, mucho más dinámicas e inmediatas. Ya sabe, “renovarse o morir”. Los partidos políticos son conscientes y están comenzando a sacar provecho de las ventajas de las redes.
Asimismo, es el momento de ajustar notablemente la estructura de los partidos políticos. Desde hace más de una década en España han crecido, con escaso control, sus cuadros de gestión. Hay que mejorar la eficiencia en su funcionamiento y eliminar aquello que no funcione. Sin duda, las auditorias y la contabilidad de costes son herramientas muy útiles para mejorar estos aspectos.
Finalmente, es necesario realizar un ejercicio mucho más responsable de transparencia en la gestión de las cuentas de los partidos políticos. Aunque se han logrado algunos avances, todavía hay mucho camino por recorrer, tal y como señalan el Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea. La transparencia es una máxima a seguir y por lo tanto, todo aquello que se financie con dinero público debería de ser informado a la ciudadanía. La opacidad financiera debe evitarse.
