El mundo local gallego tiene un grave problema de dimensión. No parece demasiado lógico que en Galicia, con una superficie de 29.574 kilómetros cuadrados y con una población de poco más de 2,7 millones de habitantes, existan más de trescientos municipios.
Los intentos de la Xunta de Galicia por promover fusiones voluntarias de los municipios gallegos, se ha traducido en un solo caso, el de Oza-Cesures, en la comarca de Betanzos, provincia de A Coruña, en junio de 2013. Por cierto, esta ha sido la primera fusión a nivel nacional de un municipio en los últimos 16 años.
MINIFUNDISMO LOCAL
Utilizando la información publicada por el Instituto Gallego de Estadística (IGE), a 1 de enero de 2015 había en nuestra comunidad autónoma 109 ayuntamientos con una población igual o inferior a los 2.000 habitantes (en total 139.714 residentes); 91 ayuntamientos entre 2.001 y 5.000 habitantes (en total 294.312); 58 ayuntamientos entre 5.001 y 10.000 habitantes (en total 392.979); 34 ayuntamientos entre 10.001 y 20.000 habitantes (en total 84.804); 15 ayuntamientos entre 20.001 y 50.000 habitantes (en total 430.602); 4 ayuntamientos de 50.001 a 100.000 (en total 345.437) y finamente, 3 ayuntamientos de 100.001 a 500.000 (en total 644.199).
El principal resultado de este minifundismo local gallego es que el 60% de los ayuntamientos (200 de 314) tiene menos de 5.000 habitantes y que el 35% tiene 2.000 habitantes o menos. La palma de esta singular polarización la llevan las provincias de Ourense y Lugo. En la primera, más del 89% de los ayuntamientos (81 de 92) tiene menos de 5.000 habitantes. A esto hay que añadir el gravísimo problema de pérdida de población que sufre desde hace años esta provincia, que no se ha sabido atajar, y que incluso está ya afectando a la ciudad de Ourense, que viene registrando una sensible reducción de su población. Es más, a partir de los últimos datos publicados, en la capital provincial residen poco más de 100.000 habitantes (106.231). Además, no hay ningún ayuntamiento en la provincia ourensana, salvo la ciudad de Ourense, que supere los 20.000 habitantes. En la provincia de Pontevedra y A Coruña la distribución de municipios por tamaño poblacional es menos brusca, ya que hay bastantes casos de municipios que superan este límite, contando además con la mayoría de los ayuntamientos con mayor población de toda Galicia (Vigo, A Coruña, Santiago, Ferrol y Pontevedra).En la provincia de Lugo la situación, sin ser tan grave como en Ourense, tampoco pinta bien. El 81% de los municipios lucenses (55 de 67) tienen 5.000 habitantes o menos. El 40% de los ayuntamientos lucenses (27 de 67) tiene hasta 2.000 habitantes.
En la ciudad de Lugo residen 98.134 habitantes (casi 9.000 menos que en Ourense) pero, a diferencia de la provincia ourensana, en las ciudades lucenses entre 5.001 y 10.000 habitantes, reside casi más del doble de población que en aquellas de igual tramo poblacional de la provincia de Ourense. Si no se pone remedio, el problema demográfico en Ourense va a condicionar el futuro económico y social de los ayuntamientos ourensanos, ya que no debemos olvidar que la fuerte caída en la población, la alta dispersión poblacional y la menor renta por habitante, lastran la capacidad recaudatoria municipal.
Esta situación contrasta cuando se realiza el sumatorio de la población de las siete grandes ciudades, al comprobarse como en ellas se concentran casi un millón de habitantes (989. 936 personas). Como se puede comprobar en los municipios gallegos coexisten los dos extremos de dimensión poblacional local.
Menores prestaciones
Esta situación obliga a reflexionar acerca del modelo municipal que tenemos en Galicia y, sobre todo, de hacia dónde nos dirigimos en relación al tamaño de la planta local. Como se ha señalado, una menor población se traduce en una menor prestación de servicios y bienes públicos, ya que los costes se disparan al no poder utilizar “economías de escala”. Esto resulta evidente por la existencia de unos costes fijos en la prestación de los servicios públicos, con independencia del número de habitantes. Por lo tanto, la cantidad y calidad de los servicios públicos locales se encuentra condicionada por la población de cada ayuntamiento.
Sin embargo, esta realidad, admitida por las administraciones públicas y por los investigadores de mundo local, contrasta con el escaso interés, por parte de los gestores públicos, por plantear actuaciones que corrijan esta tendencia. Lo que está meridianamente claro es que esta inanición de actuaciones nos llevará hacia una situación insostenible en la prestación de servicios públicos de calidad en el mundo local gallego.
Desde hace años los ayuntamientos gallegos (lo mismo ha sucedido a nivel nacional) han estado asumiendo competencias que nos les correspondían, las llamadas competencias impropias. Además, se ha dado la paradoja de que desde otras administraciones públicas los ayuntamientos recibían subvenciones para determinados servicios (centro de atención a la mujer, para la juventud, orientación laboral, trabajadores sociales, etc.) y no siempre se ha mantenido esta ayuda. Esto ha provocado que los ayuntamientos fueran asumiendo competencias que no eran suyas, pero que si no se prestaban desde la administración local, los ciudadanos no las recibían.
Por lo tanto es necesario establecer qué competencias deben prestar los ayuntamientos, pero no desde una perspectiva legal, esto ya está claro en la normativa que los regula, sino desde una perspectiva real. Es decir las que efectivamente están siendo prestadas. De poco vale que se indiquen las competencias teóricas, si luego se prestan muchas más de las que en principio cabría prever.
Claves del gobierno local
¿Dado el actual tamaño de la planta local en Galicia los servicios prestados por los ayuntamientos resultan de calidad? Las contadas investigaciones en este ámbito (algunas elaboradas por investigadores de la Universidad de Vigo) permiten señalar como la eficiencia en la prestación de servicios públicos locales en Galicia brilla por su ausencia. Una menor recaudación fiscal, derivada de la falta de población y, por lo tanto, de unas menores bases tributarias, no se puede justificar por medio de menores necesidades de prestación de servicios municipales. Siempre un mínimo de prestación de servicios con independencia de la población. Además, los servicios públicos locales no se caracterizan por su nivel de eficiencia en la ejecución del gasto.
¿Qué es lo que habría que hacer para mejorar la actual situación de minifundismo local en Galicia? Siguiendo lo señalado por la Red Localis, Rede local de administración pública (http://www.redlocalis.com), en el documento “Claves para el gobierno local (2015-2019): Diez retos de futuro para la Administración Local”, la solución pasaría por redefinir el tamaño de la planta local, pero desde luego no es recomendable las fusiones de naturaleza obligatoria. La manu militari no funciona. Es necesario tener muy presente que los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y como tal, estos son muy sensibles a la desaparición de este nivel de gobierno. Además y aunque se supriman ayuntamientos, esto no debe suponer desatender a la población que reside en ellos.
Por otra parte, en economía los milagros no existen. Si se espera que la fusión de dos ayuntamientos con problemas económicos se obtenga otro sin ellos, vamos por mal camino. Es más, lo más probable es que las tensiones económicas y financieras se incrementen. Tras la fusión. los problemas, lejos de desaparecer, aumentarán.
Además, más que establecer un número “mágico” de habitantes que posibilite argumentar que aquellos ayuntamientos por debajo de esa cifra, deben fusionarse, es mejor establecer el número de habitantes adecuado para la prestación de los servicios públicos. Es evidente que hay muchos pequeños núcleos de población, con ayuntamiento propio, a los que les resulta muy difícil prestar un servicio. Lo que se debería plantear son estudios que determinen el umbral mínimo de población para que un ayuntamiento pueda prestar adecuadamente los servicios públicos locales. No es, por lo tanto, una cuestión de más o menos ayuntamientos, sino de establecer el número idóneo teniendo en cuenta los servicios públicos que deben prestar a los ciudadanos.
Quizás, en una primera etapa habría que optar por cooperación entre ayuntamientos y si todo va bien, incentivar las fusiones. El problema es que las fusiones de entidades locales se suelen entender como una pérdida de competencias entre los ayuntamientos que se fusionan (y ya se sabe que va en el “espíritu gallego” ser muy independiente). A los resultados me remito. Hasta el momento solo ha habido un caso de fusiones en toda Galicia. Si fuera tan sencillo, seguro que habría muchas más experiencias, pero la realidad nos muestra lo contrario. Quizás es el momento de hacer un ejercicio de didáctica desde la administración autonómica a la local sobre la bondad de las fusiones.
