El Consejo General de Economistas ha elaborado un estudio con un abanico de propuestas para la urgente reforma que necesita nuestro sistema de financiación autonómica. El informe califica al sistema de poco transparente, arbitrario, incumplidor del principio de ordinalidad y provocador de tensiones institucionales.
Un estudio elaborado por el Consejo General de Economistas analiza la estructura, el funcionamiento y los problemas del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas en un marco económico con dificultades para corregir el enorme déficit público y evitar el crecimiento exponencial de la deuda, que ha puesto en el centro del debate los problemas que no permiten garantizar la estabilidad económica en un escenario político y fiscal tan descentralizado como es el del país; con un sistema de reparto en donde cerca del 50% del gasto público consolidado es gestionado por las comunidades autónomas y las corporaciones locales. y que constata además una desigualdad enorme en la financiación per cápita entre las distintas comunidades, no sólo como consecuencia del sistema foral habilitado en el Estado, sino debido a otras disparidades producidas también entre comunidades de régimen común.
La reforma del sistema aprobada en el ejercicio 2009 por el Consejo de Política Fiscal y Financiera afectó a aspectos fundamentales de la financiación autonómica. La reforma instrumentalizó una ampliación en la cesión tributaria a las comunidades con una participación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por ejemplo que aumentó del 33 al 50%, o como en el Impuesto sobre el Valor Añadido que pasó del 35 al 50% y en los Impuestos Especiales de Fabricación cuando aumentó del 40 al 58% e incorporó el diseño de un complejo sistema de transferencias para el refuerzo de las prestaciones al Estado del Bienestar en un marco de estabilidad presupuestaria; Incrementando la equidad y la suficiencia en la financiación del conjunto de las competencias autonómicas, aumentando la autonomía y la corresponsabilidad y precisando la dinámica y una estabilidad del sistema en base a una capacidad de ajuste en función a las necesidades de gasto pero dentro de un marco de suficiencia global de los recursos financieros, para que la prestación de los servicios básicos del Estado del Bienestar puedan ser dispuestos en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos sin atender a su lugar de residencia. El modelo introdujo un principio de equidad horizontal que hoy es inexistente. Los datos muestran cómo comunidades con mayor capacidad fiscal pierden recursos y se aproximan a la media de financiación, mientras que las que tenían unos ingresos tributarios menores ganan recursos y se aproximan a la media, con unas diferencias en cuanto a la magnitud de los recursos que no se corresponden con sus necesidades de gasto y tampoco responden a las diferencias de capacidad fiscal, ni cumplen con el denominado principio de ordinalidad, según el cual la nivelación debería reducir las diferencias de recursos por habitante entre las comunidades autónomas pero sin alterar su orden. De forma que aquellas con mayores recursos antes de la nivelación, deberían también tener mayores recursos después del proceso. Aunque en la práctica y en el contexto de recesión vivido el sistema resulte especialmente arbitrario. En aquellas regiones con capacidad fiscal superior a la media se mantienen o incluso se mejoran los resultados, mientras otras los empeoran; y en el otro extremo, comunidades con capacidad fiscal inferior continúan por debajo de la media después de la nivelación, mientras otras, mejoran sus resultados. Valga de muestra que las tres comunidades con mayor capacidad fiscal, Madrid, Cataluña y Baleares obtienen una financiación total inferior a la media mientras que Galicia con una capacidad fiscal inferior, de un 86,72%, disfruta de una financiación por habitante del 104,75%.
El Consejo de Economistas aborda en este estudio la necesidad de definir el nivel de gasto necesario para atender los servicios transferidos, teniendo no obstante en cuenta las peculiaridades de cada territorio tales como demografía, geografía, envejecimiento poblacional y dispersión como factores que influyen directamente en la demanda y en el coste de los servicios. Teniendo en cuenta que, como todo parece indicar, el gobierno central deberá inyectar más recursos dado que como poco el gasto sanitario ha aumentado en los últimos siete años al ritmo de la demanda de una población envejecida y por la creciente sofisticación de la práctica médica. Cuantificar el volumen de recursos tributarios que puede obtener cada comunidadde los tributos cedidos a igualdad de esfuerzo fiscal. No perder de vista a la especial situación de recesión que ha tenido incidencia en los tributos ligados a la financiación autonómica, muchos de ellos, con una larga y profunda dependencia del sector inmobiliario. Revisar la cesta de tributos y acompañarla de una revisión en el ámbito de la financiación local. Redefinir la capacidad normativa de las comunidades en aras de preservar el principio de corresponsabilidad fiscal sin que ello produzca desigualdades y revisar el concepto de población ajustada, que no responde a un estudio riguroso de necesidades. De lo que se trata, a fin de cuentas es de volver a ajustar las necesidades de la población, teniendo en cuenta a aquello colectivos que requieren mayor gasto, manteniendo el principio de solidaridad. Por lo que algunas comunidades siempre deberán poner parte de sus recursos a disposición del sistema con el fin de redistribuirlos a otras comunidades autónomas que siguan siendo deficitarias.
