El segundo bloque de un estudio encargado por el Movemento polos Dereitos Civís (MpDC) indica que el 85,1 por ciento de los gallegos cree que la justicia es muy lenta, mientras que un 56,8 por ciento considera que tiende a favorecer a la Administraciones públicas en un pleito con un ciudadano frente a un uno por ciento que ve que se favorece a la persona particular y a un 23,7 por ciento que presupone un trato igualitario.
En rueda de prensa en Santiago, el portavoz de la asociación, Renato Núñez da Silva, repasó las cifras de una encuesta realizada entre mil personas de Galicia, 250 de cada provincia, seleccionadas de manera aleatoria. Mientras el primer bloque del estudio se centró en la figura del Valedor do Pobo y de la influencia de los intereses políticos en sus decisiones, el actual alude a la normativa laboral de 65 horas semanales, a la información de la Administración pública y a las cámaras de vigilancia, entre otras cuestiones.
Así, a respecto de los dispositivos de videovigilancia que fueron instalados por ayuntamientos sin autorización de la Delegación del Gobierno, más de ocho de cada 10 entrevistados coincidieron en que deberían ser penalizados. No obstante, un 49,9 por ciento consideran que deberían mantenerse aunque no consigan el fin que persiguen, principalmente, la lucha contra el botellón. Frente a este grupo, un 44,6 por ciento cree que deberían retirarse.
En este punto, el MpDC incidió en la necesidad de colocar los mismos sistemas de vigilancia en comisarías y calabozos de la Comunidad gallega, con el objetivo de evitar o dar a conocer posibles actuaciones policiales negligentes. Precisamente, esgrimió el argumento utilizado para su ubicación en las calles --'si no haces nada malo, no te molesta'para insistir en que se lleven a las dependencias de los cuerpos de seguridad.
Además, defendió la creación de una agencia gallega de control de las fuerzas del orden al igual que en Gran Bretaña, puesto que serviría, a juicio de Núñez da Silva, para detectar posibles actuaciones incorrectas o negligentes. En este sentido, recordó que mantuvo contactos con los grupos políticos con el fin de impulsar una proposición de ley para su apertura y refirió que, aunque PSdeG y BNG la consideraron una iniciativa muy buena, todavía no se inició ninguna acción parlamentaria. Por su parte, el PPdeG no accedió a reunirse con la plataforma.
ACCESO A LA INFORMACION
Por otra parte, el portavoz del MpDC refirió que seis de cada 10 personas consideran dificultoso el acceso a la información de las Administraciones públicas; y que ocho de cada diez personas creen necesaria o muy necesaria la aprobación de una ley que facilite el acceso a esta documentación.
En este sentido, aludió también a contactos mantenidos con las tres fuerzas políticas principales de Galicia, que se dieron en los mismos términos que a respecto de la creación de una agencia para el control de las fuerzas de seguridad. De este modo, a pesar de que PSdeG y BNG elogiaron la iniciativa y defendieron tenerla en cuenta en los debates parlamentarios, tampoco inició todavía su andadura.
NORMATIVAS EUROPEAS
En cuanto a la normativa europea que permite fijar la jornada laboral en 65 horas semanales, un 77,2 por ciento la tacha de negativa o muy negativa, frente a un 13,9 que la considera positiva o muy positiva. En este apartado, la diferencia entre el voto emitido en las últimas elecciones autonómicas se hace patente, puesto que el rechazo entre los votantes del PP es del 65,5 por ciento; mientras que entre los votantes socialistas es del 82 por ciento y del 84 por ciento en el caso de los nacionalistas.
Otra normativa europea sujeta a la encuesta fue la de la detección de inmigrantes ilegales hasta 18 meses por este motivo, puesto que un 86,4 por ciento lo ven bastante injusto o muy injusto. En la otra banda, un siete por ciento defienden esta medida por considerarla muy justa o bastante justa. También en este punto, los votantes del PP se diferencian de socialistas y nacionalistas, puesto que su porcentaje de rechazo es del 75,2 por ciento; frente al 89,6 por ciento de los del PSdeG y el 93,3 por ciento del BNG.
Así, a respecto de los dispositivos de videovigilancia que fueron instalados por ayuntamientos sin autorización de la Delegación del Gobierno, más de ocho de cada 10 entrevistados coincidieron en que deberían ser penalizados. No obstante, un 49,9 por ciento consideran que deberían mantenerse aunque no consigan el fin que persiguen, principalmente, la lucha contra el botellón. Frente a este grupo, un 44,6 por ciento cree que deberían retirarse.
En este punto, el MpDC incidió en la necesidad de colocar los mismos sistemas de vigilancia en comisarías y calabozos de la Comunidad gallega, con el objetivo de evitar o dar a conocer posibles actuaciones policiales negligentes. Precisamente, esgrimió el argumento utilizado para su ubicación en las calles --'si no haces nada malo, no te molesta'para insistir en que se lleven a las dependencias de los cuerpos de seguridad.
Además, defendió la creación de una agencia gallega de control de las fuerzas del orden al igual que en Gran Bretaña, puesto que serviría, a juicio de Núñez da Silva, para detectar posibles actuaciones incorrectas o negligentes. En este sentido, recordó que mantuvo contactos con los grupos políticos con el fin de impulsar una proposición de ley para su apertura y refirió que, aunque PSdeG y BNG la consideraron una iniciativa muy buena, todavía no se inició ninguna acción parlamentaria. Por su parte, el PPdeG no accedió a reunirse con la plataforma.
ACCESO A LA INFORMACION
Por otra parte, el portavoz del MpDC refirió que seis de cada 10 personas consideran dificultoso el acceso a la información de las Administraciones públicas; y que ocho de cada diez personas creen necesaria o muy necesaria la aprobación de una ley que facilite el acceso a esta documentación.
En este sentido, aludió también a contactos mantenidos con las tres fuerzas políticas principales de Galicia, que se dieron en los mismos términos que a respecto de la creación de una agencia para el control de las fuerzas de seguridad. De este modo, a pesar de que PSdeG y BNG elogiaron la iniciativa y defendieron tenerla en cuenta en los debates parlamentarios, tampoco inició todavía su andadura.
NORMATIVAS EUROPEAS
En cuanto a la normativa europea que permite fijar la jornada laboral en 65 horas semanales, un 77,2 por ciento la tacha de negativa o muy negativa, frente a un 13,9 que la considera positiva o muy positiva. En este apartado, la diferencia entre el voto emitido en las últimas elecciones autonómicas se hace patente, puesto que el rechazo entre los votantes del PP es del 65,5 por ciento; mientras que entre los votantes socialistas es del 82 por ciento y del 84 por ciento en el caso de los nacionalistas.
Otra normativa europea sujeta a la encuesta fue la de la detección de inmigrantes ilegales hasta 18 meses por este motivo, puesto que un 86,4 por ciento lo ven bastante injusto o muy injusto. En la otra banda, un siete por ciento defienden esta medida por considerarla muy justa o bastante justa. También en este punto, los votantes del PP se diferencian de socialistas y nacionalistas, puesto que su porcentaje de rechazo es del 75,2 por ciento; frente al 89,6 por ciento de los del PSdeG y el 93,3 por ciento del BNG.
