El BNG considera que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia evidencia la legalidad del Decreto eólico del bipartito y que el PP lo paralizó 'para dar una segunda oportunidad a sus amigos'. En este sentido se manifestó en conferencia de prensa el diputado nacionalista Henrique Viéitez, portavoz de industria del grupo parlamentario del BNG.
Viéitez se refirió a la sentencia 302/2010 del alto tribunal gallego respecto de un recurso presentado por Endesa ante el concurso de la Xunta presidida por Fraga, pero que entra en el fondo de uno de los argumentos del PP para paralizar el decreto del bipartito, la participación pública en los proyectos. Según esta sentencia, de acuerdo con lo expresado por el diputado, la participación pública es legal, porque no es un criterio de admisión, sino de valoración.
El parlamentario explicó que en el decreto del bipartito esa participación figuraba también, por indicación del Consejo Económico y Social (CES), como criterio de valoración. Henrique Viéitez consideró que la sentencia del TSXG valida una cuestión nuclear del texto del anterior Gobierno y da la razón al Bloque, aunque 'con consecuencias nefastas'.
En este sentido, resaltó que la paralización del concurso destruyó 1.600 puestos de trabajo en empresas vinculadas a su desarrollo, 3.000 directos en la construcción de los parques, otros 400 fijos en su mantenimiento y en torno a 8.000 empleos que se generarían con los proyectos industriales asociados al plan.
Recordó que, perteneciendo Núñez Feijóo al Gobierno anterior al bipartito, el Ejecutivo encargó un informe sobre la legalidad de la participación pública que la consideró legal.
El parlamentario explicó que en el decreto del bipartito esa participación figuraba también, por indicación del Consejo Económico y Social (CES), como criterio de valoración. Henrique Viéitez consideró que la sentencia del TSXG valida una cuestión nuclear del texto del anterior Gobierno y da la razón al Bloque, aunque 'con consecuencias nefastas'.
En este sentido, resaltó que la paralización del concurso destruyó 1.600 puestos de trabajo en empresas vinculadas a su desarrollo, 3.000 directos en la construcción de los parques, otros 400 fijos en su mantenimiento y en torno a 8.000 empleos que se generarían con los proyectos industriales asociados al plan.
Recordó que, perteneciendo Núñez Feijóo al Gobierno anterior al bipartito, el Ejecutivo encargó un informe sobre la legalidad de la participación pública que la consideró legal.
