La Audiencia de A Coruña condenó a cuatro años de cárcel a dos mujeres, madre e hija, al considerarlas autoras de la estafa de más de 1,3 millones de euros a su tía abuela, fallecida en 2004 y que vivió sus últimos años como una indigente pese a su fortuna tanto en dinero como en inmuebles. En su fallo, qe fue dado a conocer en la jornada de ayera, el tribunal de la Audiencia coruñesa encargado de juzgar este caso considera que las dos mujeres ahora condenadas, Oliva R. A. y Oliva Q. A., se aprovecharon de su tía abuela para apropiarse del dinero.
En el juicio, tras la denuncia presentada por otros sobrinos de la mujer a raíz de su fallecimiento, la Fiscalía y la acusación particular mantuvieron su petición de una condena de seis años de prisión para la mujer y su hija, en un caso por estafa y en otro como colaboradora. En sus conclusiones, la Fiscalía basó su petición en la existencia de pruebas que acreditaban, a su juicio, que la mujer, de 92 años, estaba en una situación de 'deterioro mental' antes de su fallecimiento, criterio al que ahora se suma la Audiencia coruñesa.
Así, entiende que esta circunstancia fue aprovechada por las dos acusadas para obtener el dinero existente en sus cuentas y proceder a la venta de algunos de los inmuebles de su propiedad.
'COOPERADORA NECESARIA'
En concreto, argumenta que lo hicieron con 'el propósito de enriquecerse' y que la hija de la principal acusada -condenada como su madre por un delito continuado de estafa- actuó como 'cooperadora necesaria' en la estafa propiciada por su madre.
Por el contrario, la defensa sostuvo que sus clientas fueron las únicas que se encargardon de cuidar de la mujer hasta su fallecimiento y que nunca retiraron dinero por su cuenta y sin autorización expresa de la fallecida. Además, las dos procesadas sostuvieron que si ayudaron a la mujer que porque en 2002 así se lo requirieron los Servicios Sociales.
Durante el juicio, médicos y forenses llamados a declarar como peritos aseguraron en sus respectivas intervenciones que la anciana 'no estaba capacitada' para administrar sus bienes ya que sufría 'un deterioro cognitivo'. También durante el juicio, las acusaciones ejercidas por el Ministerio Público y otros sobrinos de la fallecida acusaron a la mujer de haber despojado a la anciana de parte de su patrimonio, utilizando para ello un poder notarial firmado por la fallecida, y también se acusó a su hija de ser 'conocedora' de dichas acciones. La forense que trató a la anciana señaló que 'no conocía el valor del dinero' y que no sabía diferenciar entre euros y pesetas.
El proceso de expolio comenzó después de que los Servicios Sociales intentaran internar a la mujer en un psiquiátrico, apoyados por los informes policiales sobre las veces que la anciana tuvo que ser recogida de diversos lugares de la ciudad, y por un informe forense que acreditaba su mal estado mental. El juez no consideró urgente su ingreso, por lo que la fiscalía solicitó la declaración de incapacidad y el nombramiento de un tutor de la sobrina.
Así, entiende que esta circunstancia fue aprovechada por las dos acusadas para obtener el dinero existente en sus cuentas y proceder a la venta de algunos de los inmuebles de su propiedad.
'COOPERADORA NECESARIA'
En concreto, argumenta que lo hicieron con 'el propósito de enriquecerse' y que la hija de la principal acusada -condenada como su madre por un delito continuado de estafa- actuó como 'cooperadora necesaria' en la estafa propiciada por su madre.
Por el contrario, la defensa sostuvo que sus clientas fueron las únicas que se encargardon de cuidar de la mujer hasta su fallecimiento y que nunca retiraron dinero por su cuenta y sin autorización expresa de la fallecida. Además, las dos procesadas sostuvieron que si ayudaron a la mujer que porque en 2002 así se lo requirieron los Servicios Sociales.
Durante el juicio, médicos y forenses llamados a declarar como peritos aseguraron en sus respectivas intervenciones que la anciana 'no estaba capacitada' para administrar sus bienes ya que sufría 'un deterioro cognitivo'. También durante el juicio, las acusaciones ejercidas por el Ministerio Público y otros sobrinos de la fallecida acusaron a la mujer de haber despojado a la anciana de parte de su patrimonio, utilizando para ello un poder notarial firmado por la fallecida, y también se acusó a su hija de ser 'conocedora' de dichas acciones. La forense que trató a la anciana señaló que 'no conocía el valor del dinero' y que no sabía diferenciar entre euros y pesetas.
El proceso de expolio comenzó después de que los Servicios Sociales intentaran internar a la mujer en un psiquiátrico, apoyados por los informes policiales sobre las veces que la anciana tuvo que ser recogida de diversos lugares de la ciudad, y por un informe forense que acreditaba su mal estado mental. El juez no consideró urgente su ingreso, por lo que la fiscalía solicitó la declaración de incapacidad y el nombramiento de un tutor de la sobrina.
