El magistrado del Juzgado de lo Penal Número 2 de Vigo ha condenado al ex alcalde de Gondomar, José Carlos Silva (del PP), y a los cinco concejales que formaban su comisión de gobierno a una pena de año y medio de prisión por un delito de prevaricación urbanística, cometido de forma continuada.
Según la sentencia, José Carlos Silva Mariño, José Luis Mosquera Veleiro, Angel Gregores Méndez, Jaime Rial González, Abelardo Meneses González e a José Misa Salgueiro, han sido condenados a pena de cárcel y a una inhabilitación para el ejercicio de cargo municipal durante 8 años.
La vista oral se desarrolló en tres jornadas, dos de ellas celebradas el pasado noviembre y una en diciembre, y en las que el Ministerio Fiscal acusaba a los seis de haber otorgado licencias entre el 7 de diciembre de 2005 y 17 de enero de 2006 a pesar de que el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) había sido anulado por los tribunales, lo que consideraba un delito continuado contra la ordenación del territorio tipificado en el artículo 320.2 del Código Penal.
La Fiscalía había pedido año y medio de prisión para cada uno de los acusados (pena que coincide con la reflejada en la sentencia), mientras que la solicitud de inhabilitación ascendía a los 10 años, dos más que los finalmente impuestos. Por su parte, la defensa planteó la libre absolución, puesto que el ex alcalde y sus entonces concejales aseguraron haber dado los permisos con informes favorables de los técnicos.
En la sentencia, que podrá ser recurrida en un plazo de 10 días desde su notificación, el juez considera que, una vez conocido el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que suspendía de forma cautelar el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Gondomar con el que se pretendía adaptar el PGOM a la legalidad y sin que dicho acuerdo fuese conocido por la señora secretaria del Ayuntamiento ni por la técnica de la Administración que llevaba los asuntos urbanísticos, las juntas de gobierno local decidieron otorgar cerca de 40 licencias a pesar de que sabían que las normas no eran aplicables.
OCULTACION
De esta forma, se considera constatada la ocultación de la resolución que advertía de la paralización, así como el hecho de que las personas responsables de aprobarlas, los componentes de la junta de gobierno, tenían conocimiento de la irregularidad.
En este sentido, la resolución judicial advierte de que, a pesar de que Silva aseguró no haber tenido conocimiento del contenido del auto de 21 de noviembre hasta el 16 de enero, cuando se lo entregó a la secretaria, el documento había sido remitido vía fax al Ayuntamiento el 30 de noviembre.
No es de recibo pretender que desde esa fecha hasta el día 16 de enero no se tuvo conocimiento de la resolución, asegura, para añadir que esta falta de información es contradictoria con el hecho de que se recurriese la resolución el mismo día 21 de noviembre (el recurso fue desestimado el 22 de diciembre). Asimismo, también se alude a la falta de explicaciones de los acusados, especialmente del ex regidor, y la valora como un contraindicio fuerte de que tenían conocimiento de la resolución.
El magistrado afirma en su escrito que, no se sostiene la pretensión de la defensa de amparar la actuación de los acusados en el hecho de que las licencias las otorgaron en base a los informes técnicos de los funcionarios, dado que los técnicos desconocían el auto de suspensión. La ocultación de información fue consciente con la clara finalidad de seguir otorgando licencias al amparo de la normativa ilegal. Además, debido a que las irregularidades se sucedieron en varias juntas de gobierno, durante más de un mes, se ha tenido en cuenta la continuidad delictiva en los hechos.
La vista oral se desarrolló en tres jornadas, dos de ellas celebradas el pasado noviembre y una en diciembre, y en las que el Ministerio Fiscal acusaba a los seis de haber otorgado licencias entre el 7 de diciembre de 2005 y 17 de enero de 2006 a pesar de que el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) había sido anulado por los tribunales, lo que consideraba un delito continuado contra la ordenación del territorio tipificado en el artículo 320.2 del Código Penal.
La Fiscalía había pedido año y medio de prisión para cada uno de los acusados (pena que coincide con la reflejada en la sentencia), mientras que la solicitud de inhabilitación ascendía a los 10 años, dos más que los finalmente impuestos. Por su parte, la defensa planteó la libre absolución, puesto que el ex alcalde y sus entonces concejales aseguraron haber dado los permisos con informes favorables de los técnicos.
En la sentencia, que podrá ser recurrida en un plazo de 10 días desde su notificación, el juez considera que, una vez conocido el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que suspendía de forma cautelar el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Gondomar con el que se pretendía adaptar el PGOM a la legalidad y sin que dicho acuerdo fuese conocido por la señora secretaria del Ayuntamiento ni por la técnica de la Administración que llevaba los asuntos urbanísticos, las juntas de gobierno local decidieron otorgar cerca de 40 licencias a pesar de que sabían que las normas no eran aplicables.
OCULTACION
De esta forma, se considera constatada la ocultación de la resolución que advertía de la paralización, así como el hecho de que las personas responsables de aprobarlas, los componentes de la junta de gobierno, tenían conocimiento de la irregularidad.
En este sentido, la resolución judicial advierte de que, a pesar de que Silva aseguró no haber tenido conocimiento del contenido del auto de 21 de noviembre hasta el 16 de enero, cuando se lo entregó a la secretaria, el documento había sido remitido vía fax al Ayuntamiento el 30 de noviembre.
No es de recibo pretender que desde esa fecha hasta el día 16 de enero no se tuvo conocimiento de la resolución, asegura, para añadir que esta falta de información es contradictoria con el hecho de que se recurriese la resolución el mismo día 21 de noviembre (el recurso fue desestimado el 22 de diciembre). Asimismo, también se alude a la falta de explicaciones de los acusados, especialmente del ex regidor, y la valora como un contraindicio fuerte de que tenían conocimiento de la resolución.
El magistrado afirma en su escrito que, no se sostiene la pretensión de la defensa de amparar la actuación de los acusados en el hecho de que las licencias las otorgaron en base a los informes técnicos de los funcionarios, dado que los técnicos desconocían el auto de suspensión. La ocultación de información fue consciente con la clara finalidad de seguir otorgando licencias al amparo de la normativa ilegal. Además, debido a que las irregularidades se sucedieron en varias juntas de gobierno, durante más de un mes, se ha tenido en cuenta la continuidad delictiva en los hechos.
