Las tres empresas propietarias del tanatorio contiguo al Hospital de Montecelo (Pontevedra), derribado por la Xunta en 2010 por orden judicial, demandaron a la administración gallega por 3,4 millones de euros ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Alianza y Barros, Central Funeraria y Pompas Fúnebres fueron denunciadas por un vecino por la edificación del tanatorio en suelo rústico, al que el Tribunal Supremo acabó dando la razón. Las empresas, que contaron con un permiso de Política Territorial para levantar el inmueble en el año 1993, reclamaron la misma cantidad administrativamente en concepto de daños y perjuicios tras emitirse la orden de derribo.
Tras el rechazo de la Xunta de Galicia a abonar el importe solicitado, decidieron llevar la cuestión a los tribunales. Las funerarias aducen que la reclamación se rechazó por entrar fuera de plazo, argumento que no comparten.
Tras el rechazo de la Xunta de Galicia a abonar el importe solicitado, decidieron llevar la cuestión a los tribunales. Las funerarias aducen que la reclamación se rechazó por entrar fuera de plazo, argumento que no comparten.
