El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, abogó ayer por impulsar una ley integral que regule los derechos y garantice la igualdad de oportunidades de las personas discapacitadas, según se prevé en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en Nueva York en 2006 y vigente en España desde el 3 de mayo de 2008.
Varela, que participó en el acto inaugural de unas jornadas sobre protección jurídica y discapacidad que se celebran en la EGAP en Santiago, recordó que la Convención dice algo 'tan sencillo y revolucionario' como que las 'personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida'.
Así, Varela indicó que 'se sustituye el tradicional modelo asistencial y protector por el de promoción de la autonomía personal', que exige que las personas con discapacidad 'pueden disponer de un sistema de apoyos que les permita el ejercicio de los derechos cuya titularidad les corresponda'. El fiscal hizo especial hincapié en que una ley integral en materia de discapacidad 'sería un instrumento adecuado para impulsar el derecho a la igualdad de oportunidades' de este colectivo, estableciendo medidas contra la discriminación y acciones positivas que permitan su integración social plena.
Asimismo, explicó que pese a que la población con discapacidad reconocida en Galicia a finales de 2011 era de 222.597 personas, 'el impacto de la convención en la práctica de los órganos judiciales aún resulta inapreciable'. 'Y se mantienen las posiciones tradicionales, que, por otro lado, son las que recoge la legislación', agregó.
Así, Varela indicó que 'se sustituye el tradicional modelo asistencial y protector por el de promoción de la autonomía personal', que exige que las personas con discapacidad 'pueden disponer de un sistema de apoyos que les permita el ejercicio de los derechos cuya titularidad les corresponda'. El fiscal hizo especial hincapié en que una ley integral en materia de discapacidad 'sería un instrumento adecuado para impulsar el derecho a la igualdad de oportunidades' de este colectivo, estableciendo medidas contra la discriminación y acciones positivas que permitan su integración social plena.
Asimismo, explicó que pese a que la población con discapacidad reconocida en Galicia a finales de 2011 era de 222.597 personas, 'el impacto de la convención en la práctica de los órganos judiciales aún resulta inapreciable'. 'Y se mantienen las posiciones tradicionales, que, por otro lado, son las que recoge la legislación', agregó.
