La sentencia del 'Prestige' provocó un reguero de reacciones que, en líneas generales, se divide entre el respeto y la cautela por parte del Gobierno, la Xunta y el PP y de la indignación en la oposición, el sector pesquero, organizaciones ecologistas y la ciudadanía.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, fue una de las primeras en pronunciarse y se limitó a mostrar su 'respeto a los tribunales. No he podido ver su contenido pero respeto las decisiones de los jueces', indicó poco después de hacerse pública. El ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, interpretó que el fallo establece que 'las autoridades funcionaron razonablemente bien'. 'Es lo que dice la Audiencia, a algunos les gustará, a otros no pero en todo caso hay que respetarla', dijo. 'Recuerdo aquel episodio. Fue complejo de gestionar. La mayor dificultad fue cerrar el caladero muchos meses', indicó Arias Cañete, ministro de Pesca por aquel entonces.
El vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, también mostró su respeto por la sentencia pero evitó hacer valoraciones. Mientras, la portavoz del PP gallego, Paula Prado, dijo que la resolución prueba que la gestión que hizo de la catástrofe el entonces Gobierno popular 'fue la correcta y la adecuada'.
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, lamentó que la sentencia 'llega injustamente tarde' e hizo hincapié en la 'mala gestión política' que se hizo. ' Curiosamente algunos de esos responsables políticos incluso ascendieron en su posición y hoy son presidente del gobierno', dijo, al tiempo que pidió a Mariano Rajoy que 'pida perdón por haber hablado de los hilillos de plastilina y de que las playas gallegas estaban esplendorosas'.
REACCIÓN NACIONALISTA
La diputada del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, mostró su 'decepción' porque 'los verdaderos culpables no estaban en el banquillo'. 'No sólo fueron consecuencia de las decisiones tomadas, como el alejamiento del buque, sino la cantidad de mentiras que hicieron más grande la catástrofe y provocaron que tuviera que ser la ciudadanía la que se pusiera a limpiar la costa', manifestó.
El portavoz nacional de Anova, Xosé Manuel Beiras, subrayó que la resolución pone de manifiesto 'la impunidad del poder haga lo que haga, cometa los disparates que cometa'.
El portavoz de Medio Ambiente de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Antón Sánchez, criticó que el macrojuicio fue una 'pantomima' porque 'los verdaderos responsables no estaban sentados como imputados'. El diputado de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares calificó la jornada de ayer como 'día negro para la justicia' y dijo que la sentencia demuestra que 'algo no funciona bien en la justicia española'.
Por su parte, la asociación de titulados náutico-pesqueros (Aetinape) considera que el fallo judicial supone 'un salvoconducto para las flotas piratas'. El colectivo apunta que con la sentencia España 'pierde la ocasión de liderar la lucha internacional contra la piratería marítima internacional' y señala que ni la pena impuesta ni los culpables señalados por la Fiscalía ni el sumario del caso 'pasarán a la historia como referentes éticos para una nueva era de control' de las flotas que surcan los mares.
El vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, también mostró su respeto por la sentencia pero evitó hacer valoraciones. Mientras, la portavoz del PP gallego, Paula Prado, dijo que la resolución prueba que la gestión que hizo de la catástrofe el entonces Gobierno popular 'fue la correcta y la adecuada'.
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, lamentó que la sentencia 'llega injustamente tarde' e hizo hincapié en la 'mala gestión política' que se hizo. ' Curiosamente algunos de esos responsables políticos incluso ascendieron en su posición y hoy son presidente del gobierno', dijo, al tiempo que pidió a Mariano Rajoy que 'pida perdón por haber hablado de los hilillos de plastilina y de que las playas gallegas estaban esplendorosas'.
REACCIÓN NACIONALISTA
La diputada del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, mostró su 'decepción' porque 'los verdaderos culpables no estaban en el banquillo'. 'No sólo fueron consecuencia de las decisiones tomadas, como el alejamiento del buque, sino la cantidad de mentiras que hicieron más grande la catástrofe y provocaron que tuviera que ser la ciudadanía la que se pusiera a limpiar la costa', manifestó.
El portavoz nacional de Anova, Xosé Manuel Beiras, subrayó que la resolución pone de manifiesto 'la impunidad del poder haga lo que haga, cometa los disparates que cometa'.
El portavoz de Medio Ambiente de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Antón Sánchez, criticó que el macrojuicio fue una 'pantomima' porque 'los verdaderos responsables no estaban sentados como imputados'. El diputado de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares calificó la jornada de ayer como 'día negro para la justicia' y dijo que la sentencia demuestra que 'algo no funciona bien en la justicia española'.
Por su parte, la asociación de titulados náutico-pesqueros (Aetinape) considera que el fallo judicial supone 'un salvoconducto para las flotas piratas'. El colectivo apunta que con la sentencia España 'pierde la ocasión de liderar la lucha internacional contra la piratería marítima internacional' y señala que ni la pena impuesta ni los culpables señalados por la Fiscalía ni el sumario del caso 'pasarán a la historia como referentes éticos para una nueva era de control' de las flotas que surcan los mares.
