La Audiencia Nacional accedió ayer a conceder el tercer grado penitenciario al narcotraficante gallego Laureano Oubiña, aunque ordenó que preste servicios sociales a personas desfavorecidas o con problemas de drogodependencia a efectos de obtener la libertad condicional. Así lo acordó el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, en un auto en el que estima el recurso del preso de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) contra el acuerdo de Instituciones Penitenciarias por el que se le mantenía en segundo grado de tratamiento. El Ministerio Fiscal pidió desestimar la demanda del recluso.
El tercer grado se aplica a los internos que están capacitados para llevar un régimen de vida en semilibertad, atendiendo a criterios como su pasado criminal, su evolución en prisión, su historial familiar o el medio social al que retorne, entre otras cuestiones. El juez De Castro insta a la Junta de Tratamiento de la cárcel de La Moraleja (Palencia) a señalar como 'regla de conducta' la obligación de Oubiña de acudir a una organización de asistencia a personas desfavorecidas o con un problema de drogodependencia para continuar con 'el proceso de introspección personal y de la asunción del daño' que causa el tráfico de drogas en la sociedad.
AYUDA A LAS VÍCTIMAS
El auto judicia considera que el narcotraficante deberá asumir el 'valor de pleno respeto a los derechos humanos de los demás -victimas, familia y sociedad-, siendo el de la salud consustancial a la propia realidad del hombre, máxime cuando la droga en general ha producido la muerte o trastornos a la salud de los consumidores y enormes perjuicios morales y económicos a las familias que les apoyan en la voluntad de abandonar el consumo', según añade el auto del juez De Castro hecho público ayer por la Audiencia nacional.
AYUDA A LAS VÍCTIMAS
El auto judicia considera que el narcotraficante deberá asumir el 'valor de pleno respeto a los derechos humanos de los demás -victimas, familia y sociedad-, siendo el de la salud consustancial a la propia realidad del hombre, máxime cuando la droga en general ha producido la muerte o trastornos a la salud de los consumidores y enormes perjuicios morales y económicos a las familias que les apoyan en la voluntad de abandonar el consumo', según añade el auto del juez De Castro hecho público ayer por la Audiencia nacional.
