CóDIGO éTICO

El personal de la Xunta no podrá recibir regalos de más de 90 euros

photo_camera Los miembros del Ejecutivo autonómico, durante la reunión que mantuvieron en Santiago (Foto: Xoán Crespo)

Su código ético propone expulsar a cargos y funcionarios que tengan cuentas en paraísos fiscales 

Los funcionarios de la administración autonómica de Galicia cesarán de forma automática en su empleo si se constata que tienen una cuenta bancaria en un paraíso fiscal, de acuerdo con el código ético que ayer aprobó el Consello de la Xunta. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, avanzó la aprobación con carácter definitivo de este código para todos los altos cargos y los empleados de titularidad autonómica, un decreto que complementa al ya aprobado en el mes de abril para los altos cargos y el personal de gabinete de la Xunta.

Según explicó Feijóo, esta norma garantiza el correcto uso de los medios de la administración para "exclusivamente" el servicio del cargo y solo en su horario; e impide que un empleado público se valga de su posición en beneficio personal. El código prohíbe los regalos en favor de empleados y cargos públicos y regula los artículos de "cortesía institucional", que no podrán rebasar la cuantía de 90 euros.

Aquellos que reciban obsequios por encima de ese valor podrán devolverlos o reintegrarlos -en el caso de bienes perecederos- en una ONG o cualquier otro organismo. Feijóo sostuvo que el código ético, que entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia, no es una medida aislada, puesto que se enmarca en diferentes decisiones adoptadas durante la legislatura.

Relató la publicación de los bienes patrimoniales de los miembros de la Xunta obligada por ley; los criterios que regulan los viajes oficiales al exterior; la eliminación de los coches oficiales para todos los altos cargos, excepto los miembros del gobierno de la Xunta; la exigencia a los municipios de que rindan cuentas para poder optar a ayudas, la homologación del personal directivo y los límites a la adjudicación de contratos. Además, defendió que este decreto da seguridad a los empleados públicos, que sabrán lo que pueden hacer y no pueden hacer y cuándo están actuando conforme a la legislación.

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