Presenta 45 enmiendas a la reforma urgente de la LOUGA para evitar la ‘discrecionalidad’ y los usos indebidos de la Red Natura

El PSdeG propone un canon para edificios en situación irregular y mantener ‘fuera de ordenación’ los de zonas protegidas

La coordinadora del área territorial del Grupo Parlamentario  Socialista, Mar Barcón.
La coordinadora del área territorial del Grupo Parlamentario Socialista, Mar Barcón, propuso hoy que las construcciones en situación irregular gocen de un plazo para reglamentar su situación y documentar los servicios de que disponen y tras esto, deban abonar un canon al ayuntamiento, puesto que no tienen su licencia en regla.
El gravamen sería de ocho euros por metro cuadrado, de modo que experimenta una rebaja de dos euros. Los motivos para este descenso de precio, según explicó la dirigente del PSdeG, son ‘el especial momento económico’ y que ésta es la cuantía que recibían las arcas locales de la citada tasa. ‘No se trata de un afán recaudatorio, pero tampoco se puede dar amnistía general’, defendió.

En rueda de prensa para presentar las 45 enmiendas de su grupo a la reforma urgente de la Ley del Suelo, la dirigente socialista aludió también a las construcciones ubicadas en espacios de protección natural y costas. Defendió que deben mantenerse ‘fuera de ordenación’ y se mostró contraria a que se les dé ‘la misma regularización’ que al primer caso, ya que supondría consolidar su situación.

En la misma línea, planteó que se deben evitar los usos ‘indebidos’ en la Red Natura. Así, aunque se mostró partidaria de desarrollar el litoral conforme a las actividades sociales y económicas, rechazó la ubicación de construcciones en ‘zonas sensibles del territorio’, tales como Cabo Touriñán.

Dentro del área medioambiental, la última enmienda socialista pide adaptar el texto de la Ley del Suelo a la Ley del Paisaje, con el fin de defender su protección y apostar con un urbanismo con ‘menor impacto visual’.

REDACCION Y AGILIZACION

Otro grupo de enmiendas se centra en la necesidad de ‘corregir’ términos ‘jurídicamente inseguros’, con el fin de eliminar la ‘discrecionalidad’; mientras que un tercero pretende ‘agilizar’ la tramitación del planeamiento y las licencias. Establece un límite de 45 días para la entrega de la documentación por parte de la Xunta y rebaja de tres a dos meses la concesión de licencias autonómicas de actividad.

En cuanto a las tramitaciones, los socialistas abogan por cambiar ‘sustancialmente’ los planes generales de ordenación, de modo que no sean ‘un conjunto de planos incomprensible’ sino un instrumento ‘estratégico’ con información ‘social, ambiental y económica’.

Asimismo, piden ‘medios y recursos’ a la Xunta para que los ayuntamientos adecuen sus normas y se evite así la paralización de los planeamientos en proceso de tramitación.

A mayores, los diputados del PSdeG exigen que se asegure la ‘suficiencia’ en la dotación de redes de servicios públicos en los núcleos rurales, puesto que ‘no se puede fijar la población’ en el ámbito rural sin que cuente con los servicios necesarios.

‘MEJORAR EL TEXTO’

Tras la presentación pública de las enmiendas, la número dos del PSdeG explicó que estas propuestas tienen como objetivo ‘mejorar’ la reforma planteada por la Xunta que, a su juicio, es ‘pequeña, reducida y poco ambiciosa’. De hecho, señaló que ‘no da respuesta’ a los principales ‘atrancos’ en el desarrollo de las normas urbanísticas.

También destacó el hecho de que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado ‘31 enmiendas’ a la ley realizada por el Gobierno que sustenta. ‘Enmiendan la Ley Feijóo que, a su vez, enmienda la Ley Cuíña’, ironizó.

En todo caso, Barcón celebró el ‘pacto por el territorio’ alcanzado entre los tres grupos con representación parlamentaria para constituir de una comisión de estudio y redactar así una ley que ‘no sea constantemente reformada’ --la LOUGA ha sufrido cuatro modificaciones desde 2002--.

Finalmente, la coordinadora de Territorio del Grupo Socialista pidió al Gobierno gallego ‘transparencia, agilidad y consenso’ en la aprobación del Plan de Ordenación do Litoral y de las Directrices de Ordenación do Territorio, que marcarán ‘el presente y el futuro de la construcción del país’.

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