La corrupción se ha situado en el centro de la vida política de Venezuela tras una semana de cruce de acusaciones entre el chavismo y la oposición en las que se han mezclado insultos y descalificaciones sexistas cuando el país se enfila hacia las municipales de diciembre.
La lucha contra la corrupción volvió a cobrar protagonismo después de que el presidente, Nicolás Maduro, intensificara esta semana sus llamamientos a combatirla al anunciar que pedirá poderes especiales al Parlamento y declarará una 'emergencia nacional'.
El líder opositor, Henrique Capriles, aseguró ayer que Maduro sólo conseguirá esos poderes 'vía corrupción', puesto que el oficialismo cuenta con 98 diputados en la Asamblea Nacional, uno menos de los 99 necesarios para autorizar una 'ley habilitante'.
Tal como había hecho a inicios de su Gobierno, cuando anunció la creación de un 'organismo secreto' para combatir la corrupción, Maduro volvió a poner en el centro de su gestión un problema que planteó como clave para la supervivencia de la Revolución Bolivariana.
Con su campaña, Maduro ha roto además un tabú político en torno a un tema al que su antecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, evitó reconocer como un problema de gravedad. Sin embargo, la ofensiva tuvo como uno de sus primeros blancos al partido del líder opositor Henrique Capriles, Primero Justicia, que en nombre de la lucha contra la corrupción fue acusado en una tensa sesión parlamentaria de financiarse con dinero del narcotráfico y la prostitución.
Las acusaciones subieron de temperatura y llegaron a incluir insultos contra Capriles, al que el parlamentario chavista Pedro Carreño llamó 'homosexual' y 'maricón', mientras mostraba una supuesta acta policial en la que decía que el líder opositor había practicado sexo oral con otro hombre.
Estas denuncias fueron recibidas con escepticismo por algunos analistas, que temen que la declaración de guerra a la corrupción sea usada para perseguir a políticos opositores.
La directora del capítulo venezolano de Transparencia Internacional, Mercedes de Freitas, expresó esta semana su preocupación por la posibilidad de que se 'desvirtúe' esta campaña 'como un asunto político-partidista'.
Pese a que la campaña oficial para las elecciones municipales comenzará a fines de noviembre, tanto el chavismo como la oposición ya se han metido de lleno en la carrera por las alcaldías del país y han convertido las acusaciones mutuas de corrupción en uno de los ejes de sus enfrentamientos. La oposición ha rechazado las denuncias en su contra, ha acusado al Gobierno de preparar un espectáculo para ocultar los 'verdaderos problemas del país', como la inflación o la inseguridad, y le ha reclamado detenciones de figuras de peso dentro del chavismo.
El líder opositor, Henrique Capriles, aseguró ayer que Maduro sólo conseguirá esos poderes 'vía corrupción', puesto que el oficialismo cuenta con 98 diputados en la Asamblea Nacional, uno menos de los 99 necesarios para autorizar una 'ley habilitante'.
Tal como había hecho a inicios de su Gobierno, cuando anunció la creación de un 'organismo secreto' para combatir la corrupción, Maduro volvió a poner en el centro de su gestión un problema que planteó como clave para la supervivencia de la Revolución Bolivariana.
Con su campaña, Maduro ha roto además un tabú político en torno a un tema al que su antecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, evitó reconocer como un problema de gravedad. Sin embargo, la ofensiva tuvo como uno de sus primeros blancos al partido del líder opositor Henrique Capriles, Primero Justicia, que en nombre de la lucha contra la corrupción fue acusado en una tensa sesión parlamentaria de financiarse con dinero del narcotráfico y la prostitución.
Las acusaciones subieron de temperatura y llegaron a incluir insultos contra Capriles, al que el parlamentario chavista Pedro Carreño llamó 'homosexual' y 'maricón', mientras mostraba una supuesta acta policial en la que decía que el líder opositor había practicado sexo oral con otro hombre.
Estas denuncias fueron recibidas con escepticismo por algunos analistas, que temen que la declaración de guerra a la corrupción sea usada para perseguir a políticos opositores.
La directora del capítulo venezolano de Transparencia Internacional, Mercedes de Freitas, expresó esta semana su preocupación por la posibilidad de que se 'desvirtúe' esta campaña 'como un asunto político-partidista'.
Pese a que la campaña oficial para las elecciones municipales comenzará a fines de noviembre, tanto el chavismo como la oposición ya se han metido de lleno en la carrera por las alcaldías del país y han convertido las acusaciones mutuas de corrupción en uno de los ejes de sus enfrentamientos. La oposición ha rechazado las denuncias en su contra, ha acusado al Gobierno de preparar un espectáculo para ocultar los 'verdaderos problemas del país', como la inflación o la inseguridad, y le ha reclamado detenciones de figuras de peso dentro del chavismo.
