La decisión del presidente egipcio, Mohamed Mursi, de extender sus poderes más allá de la ley polarizó aún más a un país ya dividido, que se pregunta si ha embarcado a Egipto en una nueva dictadura o sólo ha tomado un atajo para impulsar sus reformas.
Su anuncio constitucional, en el que ordenó que todas sus decisiones sean 'definitivas e inapelables' hasta que se apruebe una nueva Constitución, obró el milagro de aunar de inmediato a la llamada oposición civil (no islamista), fragmentada por la lucha de egos y las visiones políticas opuestas de figuras como el izquierdista Hamdin Sabahi, el nacionalista Amro Musa o el liberal Mohamed el Baradei.
La brecha entre los Hermanos Musulmanes y la oposición laica creció hasta cerrar la puerta a la posibilidad de una reconciliación nacional a corto plazo. 'Este es un movimiento que podría haber hecho un líder nacional abrumadoramente popular, pero va demasiado lejos para alguien que fue elegido por solo el 51% del electorado', escribió el analista Issandr Amrani en su blog 'The Arabist'.
En el mejor de los casos, Mursi adoptó una arriesgada decisión para acelerar la aprobación de la nueva Constitución en un momento de parálisis causado por el boicot de las fuerzas no islamistas a la Asamblea Constituyente, que además está amenazada de anulación por la justicia.
En este escenario optimista, el mandatario se convertiría en una suerte de Cincinato, el dictador romano que abandonó voluntariamente el cargo tras cumplir su misión de derrotar a los enemigos de la República, como bien recordó Nathan Brown, experto del Centro Carnegie para la Paz Internacional.
DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL
Sus defensores alegan que Mursi cuenta ahora con todo el poder para hacer justicia a las víctimas de la revolución -ordenó repetir los procesos por los asesinatos de manifestantes- y para enfrentarse a un estamento judicial que, dicen, está copado por fieles al antiguo régimen mubarakista.
Lo cierto es que Mursi, con su decreto, tiene ahora vía libre para obrar como le venga en gana, amparado por la supuesta 'legitimidad revolucionaria' que invocó en su declaración constitucional.
Precisamente esta declaración, empujó a los grupos de la oposición no islamista y a asociaciones de la sociedad civil a convocar protestas que en algunos casos tuvieron derivas violentas. Jóvenes manifestantes incendiaron sedes del islamista Partido Libertad y Justicia, que presidió Mursi, en las ciudades de Alejandría, Suez o Ismailiya.
La mayor concentración, en la emblemática plaza Tahrir, donde se registraron choques entre la policía y revolucionarios, que lanzaron piedras a las fuerzas de seguridad que custodiaban el Parlamento.Más de 200 personas resultaron heridas en El Cairo y otras 70 en Alejandría.
Mientras tanto, la Alta Comisionada de la ONU, Navi Pillay, expresó su preocupación por el decreto, ya que plantea dudas en materia de derechos fundamentales y puede conducir 'a una situación muy volátil en los próximos días'.
La brecha entre los Hermanos Musulmanes y la oposición laica creció hasta cerrar la puerta a la posibilidad de una reconciliación nacional a corto plazo. 'Este es un movimiento que podría haber hecho un líder nacional abrumadoramente popular, pero va demasiado lejos para alguien que fue elegido por solo el 51% del electorado', escribió el analista Issandr Amrani en su blog 'The Arabist'.
En el mejor de los casos, Mursi adoptó una arriesgada decisión para acelerar la aprobación de la nueva Constitución en un momento de parálisis causado por el boicot de las fuerzas no islamistas a la Asamblea Constituyente, que además está amenazada de anulación por la justicia.
En este escenario optimista, el mandatario se convertiría en una suerte de Cincinato, el dictador romano que abandonó voluntariamente el cargo tras cumplir su misión de derrotar a los enemigos de la República, como bien recordó Nathan Brown, experto del Centro Carnegie para la Paz Internacional.
DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL
Sus defensores alegan que Mursi cuenta ahora con todo el poder para hacer justicia a las víctimas de la revolución -ordenó repetir los procesos por los asesinatos de manifestantes- y para enfrentarse a un estamento judicial que, dicen, está copado por fieles al antiguo régimen mubarakista.
Lo cierto es que Mursi, con su decreto, tiene ahora vía libre para obrar como le venga en gana, amparado por la supuesta 'legitimidad revolucionaria' que invocó en su declaración constitucional.
Precisamente esta declaración, empujó a los grupos de la oposición no islamista y a asociaciones de la sociedad civil a convocar protestas que en algunos casos tuvieron derivas violentas. Jóvenes manifestantes incendiaron sedes del islamista Partido Libertad y Justicia, que presidió Mursi, en las ciudades de Alejandría, Suez o Ismailiya.
La mayor concentración, en la emblemática plaza Tahrir, donde se registraron choques entre la policía y revolucionarios, que lanzaron piedras a las fuerzas de seguridad que custodiaban el Parlamento.Más de 200 personas resultaron heridas en El Cairo y otras 70 en Alejandría.
Mientras tanto, la Alta Comisionada de la ONU, Navi Pillay, expresó su preocupación por el decreto, ya que plantea dudas en materia de derechos fundamentales y puede conducir 'a una situación muy volátil en los próximos días'.
