OPERACIÓN POKEMON

El carballiñés imputado negó sollozando pagos que sí admitió Liñares

"Yo quería mejor verme muerto que así", confesó Daniel Blanco en el interrogatorio como imputado.

El dueño la empresa "Forestación Curro SL" con domicilio social en Carballiño que fue detenido en el marco de la Operación Pokémon, José Daniel Blanco, se echó a llorar al final de su interrogatorio y, sollozando ante De Lara, negó que le hubiese dado dinero a Francisco Fernández Liñares cuando presidía la Confederación Hidrográfica do Miño Sil, unos sobornos que el político socialista sí reconoció ante la instructora.

Tras más de una hora de interrogatorio en septiembre de 2012, en el cual la jueza sorprende al detenido con la cantidad de datos que conocía de él y su relación con el principal implicado en la Operación Pokemon, el empresario rompe a llorar y asegura que no le dio "ni un duro" a Liñares.

De Lara, quien le pide que se tranquilice, le había advertido de que Liñares reconoció que recibió de Blanco 25.000 euros en seis o siete entregas, aparte de regalos como "un cabritillo" o "conejos y perdices" y que le realizó trabajos gratis en sus propiedades tras el encargo de obras por parte del organismo de cuenca.

Lo único que reconoce el empresario de O Carballiño es haberle limpiado a Liñares una finca y haberla replantado con eucaliptos a cambio de quedarse con la madera de roble extraída de esa parcela, que vendió. No obstante, la jueza le lee transcripciones de pinchazos telefónicos y le pone la misma grabación de conversaciones hasta en dos ocasiones para dejar patente que agasajaba al político con "bichos" o que hablaban de que le hacía pagos.

"Yo quería mejor verme muerto que así", confiesa nervioso y la jueza le replica: "Pues eso tiene que agradecérselo al señor Liñares, que es el que ha dicho esas cosas de usted, aunque a través de las conversaciones telefónicas ya se infiere esa situación".

Tanto José Daniel Blanco como su esposa Olga González Fernández fueron detenidos en septiembre de 2012 en el marco de la Operación Pokemon y, tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad sin fianza, pero imputado en delitos de cohecho y tráfico de influencias por la trama en torno a la Confederación Hidrográfica.

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