El silencio que mantiene el alcalde de Carballiño, Argimiro Marnotes, en torno a la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que obliga a derribar seis áticos y 36 trasteros ilegales del edificio del antiguo hotel Rogelia, preocupa a la oposición por las consecuencias económicas que puedan derivarse para el Concello por causa del retraso en acatar la orden del Alto Tribunal.
Tanto el PSdeG como el BNG se han dirigido en numerosas ocasiones, ya sea mediante preguntas en los plenos y también por escrito, solicitando información sobre este problema que ambos grupos califican de 'moi grave'. El Concello ha estado tanteando algunas empresas que pudiesen asumir el derribo y ha encargado un proyecto a una consultora especializada de A Coruña, del que la oposición tuvo conocimiento a través de resoluciones de la Alcaldía.
Mientras la nacionalista Aurea Francisco está a la espera de recibir contestación a un escrito del pasado mes de febrero a través del que pregunta cómo se va a resolver el problema, el concejal socialista Adolfo Nogueira confirmaba ayer que se dirigirán al Valedor do Pobo para quejarse de la falta de información relacionada con este expediente de demolición, entre otros asuntos.
Argimiro Marnotes, no quiso hacer declaraciones, apuntando simplemente que no se ha tomado ninguna decisión.
Mientras la nacionalista Aurea Francisco está a la espera de recibir contestación a un escrito del pasado mes de febrero a través del que pregunta cómo se va a resolver el problema, el concejal socialista Adolfo Nogueira confirmaba ayer que se dirigirán al Valedor do Pobo para quejarse de la falta de información relacionada con este expediente de demolición, entre otros asuntos.
Argimiro Marnotes, no quiso hacer declaraciones, apuntando simplemente que no se ha tomado ninguna decisión.
