Ni por por escrito ni en la correspondiente comisión parlamentaria (Educación e Cultura). Los pasos que ha dado el Ejecutivo autonómico con respecto a la construcción de un tanatorio de forma irregular en el Concello de Arnoia, en la etapa en la que el actual delegado de la Xunta, Rogelio Martínez, ejercía como alcalde, son un misterio para el partido socialista.
La diputada María Quintas lleva desde febrero de este año de forma insistente preguntando tanto por los trámites que emprendió ese Concello para la construcción como por los expedientes de reposición de la legalidad que obran en la Dirección xeral de Patrimonio (se edificó junto a la iglesia parroquial, elemento arquitectónico catalogado). Pero el silencio administrativo impera.
De hecho, en el día de ayer, estaba prevista la comparecencia del director xeral para dar respuesta a una pregunta formulada por los socialistas sobre este tema, pero excusó su asistencia y aplazó la contestación ya que se encuentra de viaje. Aún así, podría haber sido contestada por escrito. La diputada censura el oscurantismo del Gobierno de Feijóo poniendo freno a la acción de los parlamentarios. 'Non hai un mes incluso que lle entregaron en man ao conselleiro de Cultura as peticións presentadas por escrito, e é preceptivo que nun mes sexa contestada', recuerda.
La incógnita que rodea a los pasos que ha dado la Xunta para corregir una irregularidad urbanística en Arnoia hace pensar a la también secretaria de Organización del PSdeG en Ourense, María Quintas, que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 'avala a Rogelio Martínez intentando que prescriban as irregualidades cometidas na construcción do tanatorio'.
En este sentido, recuerda que, en su etapa como alcalde, amparó la edificación 'sen contar coas preceptivas autorizacións administrativas sectoriais', esto es, los informes de Patrimonio por afectar a terrenos de especial protección. Por este motivo, la Consellería de Cultura, ya en la etapa del bipartito, incoó un expediente de reposición de la legalidad (noviembre 2005) mientras se estaba construyendo, pero el entonces alcalde hizo caso omiso a los requerimientos, según explica Quintas. El Concello que gobernaba tuvo que abonar una sanción de 5.000 euros por infracción urbanística.
El alcalde intentó regularizar la situación a través del Plan xeral de ordenación municipal dándole carácter dotacional a los terrenos en los que se levantó el tanatorio.
A juicio de los socialistas, el silencio por parte de la Xunta podría ocultar una pretendida prescripción: 'Martínez, protexido de Feijóo e impurado por fraude na utilización de fondos públicos e malversación, ten recoñecido estos delitos pero alega que están prescritos. Parece ser que co tema do tanatorio queira tamén que pase o tempo e prescriba e seguir sen dar contas ante a Xustiza'.
De hecho, en el día de ayer, estaba prevista la comparecencia del director xeral para dar respuesta a una pregunta formulada por los socialistas sobre este tema, pero excusó su asistencia y aplazó la contestación ya que se encuentra de viaje. Aún así, podría haber sido contestada por escrito. La diputada censura el oscurantismo del Gobierno de Feijóo poniendo freno a la acción de los parlamentarios. 'Non hai un mes incluso que lle entregaron en man ao conselleiro de Cultura as peticións presentadas por escrito, e é preceptivo que nun mes sexa contestada', recuerda.
La incógnita que rodea a los pasos que ha dado la Xunta para corregir una irregularidad urbanística en Arnoia hace pensar a la también secretaria de Organización del PSdeG en Ourense, María Quintas, que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 'avala a Rogelio Martínez intentando que prescriban as irregualidades cometidas na construcción do tanatorio'.
En este sentido, recuerda que, en su etapa como alcalde, amparó la edificación 'sen contar coas preceptivas autorizacións administrativas sectoriais', esto es, los informes de Patrimonio por afectar a terrenos de especial protección. Por este motivo, la Consellería de Cultura, ya en la etapa del bipartito, incoó un expediente de reposición de la legalidad (noviembre 2005) mientras se estaba construyendo, pero el entonces alcalde hizo caso omiso a los requerimientos, según explica Quintas. El Concello que gobernaba tuvo que abonar una sanción de 5.000 euros por infracción urbanística.
El alcalde intentó regularizar la situación a través del Plan xeral de ordenación municipal dándole carácter dotacional a los terrenos en los que se levantó el tanatorio.
A juicio de los socialistas, el silencio por parte de la Xunta podría ocultar una pretendida prescripción: 'Martínez, protexido de Feijóo e impurado por fraude na utilización de fondos públicos e malversación, ten recoñecido estos delitos pero alega que están prescritos. Parece ser que co tema do tanatorio queira tamén que pase o tempo e prescriba e seguir sen dar contas ante a Xustiza'.
