La titular del Penal 1 acaba de absolver a los cuatro acusados juzgados a finales del mes de abril de este año por intentar robar en un almacén de joyas en la avenida de Buenos Aires de la ciudad durante la noche del 19 de octubre de 2013.
Los autores no lo consiguieron porque sonó la alarma pero causaron importantes destrozos, valorados en más de 7.600 euros. No quedó acreditado “sin ningún género de dudas” que las personas que aparecen en las imágenes de las cámaras de videovigilancia sean Antonio Isaac L.G., Enrique C.G., Jonathan R.G. y Manuel S.T.
Al fondo de la escalera, próximo a la puerta de acceso al almacén, la Policía Nacional localizó un envoltorio de plástico transparente con dos huellas dactilares. Una vez analizadas, se determinó que pertenecían a Antonio Isaac L.G. Por su parte, pollicías de la UDEV de Madrid, tras examinar cinco fotogramas, reconoció a Enrique C.G. y a Jonathan R.G., a los que conocían por su actividad profesional. Por su parte, otro agente identificó a Manuel S.T., que tiene una hermano gemelo, al que se veía de perfil bajando unas escaleras. Pero un informe de la Unidad Central de Identificación que examinó la grabación de las cámaras concluyó que la deficiente calidad de las imágenes, por su baja resolución, excesiva comprensión o la falta de iluminación, “impide determinar -recuerda la sentencia- si se trata o no de las mismas personas”. Según la Policía, Antonio, Enrique y Jonathan pertenecían a una banda organizada especializada en robos con fuerza, aunque la magistrada sostiene que no hay indicios en el procedimiento para considerar que integrasen un grupo organizado.
La jueza tiene en cuenta para la absolución que los agentes no pueden precisar cuánto tiempo llevaban en el lugar (fuera del almacén) las dos huellas atribuidas a Antonio Isaac. Las imágenes que sirvieron para identificar a Enrique, Jonathan y Manuel son de “deficiente calidad” mientras que Manuel tiene un hermano gemelo, sin que quedase acreditado que en ese momento estuviera en prisión.
La togada considera que dictar una sentencia con esas pruebas “supondría la infracción del principio de presunción de inocencia”.
