La Corporación provincial aprobó por unanimidad una inciativa socialista destinada a urgir a la Xunta la creación de un Juzgado de violencia de género en la ciudad. No fue tal el consenso con la creación de una sociedad mercantil para la gestión indirecta de servicios provinciales de cooperación y asistencia a municipios en materia medioambiental y de agua, que dio ayer un paso adelante con la adjudicación a Aquagest del contrato de constitución del organismo.
El pleno de la Diputación sirvió para urgir a la Xunta a iniciar cuanto antes las negociaciones con el Ministerio de Justicia para crear el Juzgado de violencia de género en la ciudad. La iniciativa la planteó el grupo provincial del BNG y obtuvo el respaldo unánime de toda la Corporación, que consideró imprescindible esta dotación dado el volumen de casos que se tramitan cada año en la provincia.
Pero la unanimidad se rompió al dar trámite legal a la adjudicación a Aquagest, todavía con carácter provisional, del contrato de constitución de una sociedad mercantil de capital mixto para la gestión indirecta de los servicios provinciales de cooperación y asistencia a municipios en materia de medio ambiente y ciclo hidráulico. El trámite se solventó únicamente con el voto favorable del grupo del PP, mayoritario en la Diputación. No obstante, el rechazo de la oposición no estaba vinculado a que la adjudicación fuese a Aquagest, sino a ciertas dudas sobre el proceso adjudicatario y a distintos puntos de vista sobre la necesidad de constituir esta sociedad. A este respecto, para el portavoz nacionalista, Xosé Manuel Fírvida, la Diputación cuenta con personal suficiente como para ofrecer este servicio sin necesidad de tener que acudir a una empresa privada y más aún, explicó, acaparando más del 50 por ciento del capital social, lo que le quita a la institución provincial el control de la gestión de la sociedad.
Asimismo, desde la oposición lamentaron que el proceso no estuviese acompañado de una mayor transparencia al no estar ningún miembro de estos par tidos en la mesa de contratación.
El portavoz del PP, Rogelio Martínez, trató de reconducir la conversación, alertando de que el debate no era la necesidad de crear o no la sociedad, sino la adjudicación provisional de este procedimiento, que, ya puestos, aseguró que era totalmente limpio, que en la mesa de contratación estaban técnicos independientes y que todos habían sido informados en detalle (aí teñen os 20 folios, esgrimió). José Luis Baltar fue más allá. El presidente aseguró que la Diputación no pone capital, que eso corresponde a la empresa, y que se pueden adherir los concellos que así lo deseen. Se funciona mal ou quere estafar, os concellos abandonarán e a empresa terá que pechar as portas, alegó.
OTROS ASUNTOS
No al terrorismo y sí a la austeridad
Antes de meterse en materia y poner sobre la mesa los asuntos del orden del día, el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, dio lectura a una declaración conjunta de la Corporación provincial para mostrar su repulsa a los últimos atentados terroristas de ETA, particularmente por la muerte del brigada de Segovia. A partir de ahí comenzó el grueso de la intervención plenaria en la que esa unanimidad quedó patente también en otros asuntos, además del caso del Juzgado de violencia de género.
Mejora viaria en Celanova y Centro de Día en Vilamarín. Con el respaldo de toda la Corporación y sin necesidad de debate, la Diputación respaldó la expropiación forzosa para la ejecución de la obra de mejora de la carretera provincial OU-0209 (Celanova-Quintela de Leirado) del municipio celanovés. El mismo procedimiento se siguió a la hora de estimar el recurso interpuesto por el Obispado de Ourense sobre la expropiación forzosa para le ejecución de la obra de construcción de un Centro de Día en el municipio de Vilamarín.
Congelación de sueldos.El grupo provincial del PSOE defendió una moción en la que reclamaba como medio para hacer frente a la crisis económica la congelación de los sueldos del presidente y diputados para el ejercicio 2009, así como las partidas presupuestarias destinadas a dietas de cargos electos por asistencias, los sueldos de los cargos de confianza y las partidas de los grupos políticos. Fue aprobada por consenso ya que, en el caso del PP, una directriz de una reciente directiva de la ejecutiva gallega del partido instaba a todos los concellos e instituciones provinciales gobernadas por los conservadores a congelar sus retribuciones salariales. La medida contempla la no aplicación del incremento de precios al consumo, que previsiblemente llegue al 4%.
Financiamiento local. Sólo con los votos del PP salió adelante la moción que este partido presentó para solicitar al Gobierno una reforma urgente del financiamiento local.
Pero la unanimidad se rompió al dar trámite legal a la adjudicación a Aquagest, todavía con carácter provisional, del contrato de constitución de una sociedad mercantil de capital mixto para la gestión indirecta de los servicios provinciales de cooperación y asistencia a municipios en materia de medio ambiente y ciclo hidráulico. El trámite se solventó únicamente con el voto favorable del grupo del PP, mayoritario en la Diputación. No obstante, el rechazo de la oposición no estaba vinculado a que la adjudicación fuese a Aquagest, sino a ciertas dudas sobre el proceso adjudicatario y a distintos puntos de vista sobre la necesidad de constituir esta sociedad. A este respecto, para el portavoz nacionalista, Xosé Manuel Fírvida, la Diputación cuenta con personal suficiente como para ofrecer este servicio sin necesidad de tener que acudir a una empresa privada y más aún, explicó, acaparando más del 50 por ciento del capital social, lo que le quita a la institución provincial el control de la gestión de la sociedad.
Asimismo, desde la oposición lamentaron que el proceso no estuviese acompañado de una mayor transparencia al no estar ningún miembro de estos par tidos en la mesa de contratación.
El portavoz del PP, Rogelio Martínez, trató de reconducir la conversación, alertando de que el debate no era la necesidad de crear o no la sociedad, sino la adjudicación provisional de este procedimiento, que, ya puestos, aseguró que era totalmente limpio, que en la mesa de contratación estaban técnicos independientes y que todos habían sido informados en detalle (aí teñen os 20 folios, esgrimió). José Luis Baltar fue más allá. El presidente aseguró que la Diputación no pone capital, que eso corresponde a la empresa, y que se pueden adherir los concellos que así lo deseen. Se funciona mal ou quere estafar, os concellos abandonarán e a empresa terá que pechar as portas, alegó.
OTROS ASUNTOS
No al terrorismo y sí a la austeridad
Antes de meterse en materia y poner sobre la mesa los asuntos del orden del día, el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, dio lectura a una declaración conjunta de la Corporación provincial para mostrar su repulsa a los últimos atentados terroristas de ETA, particularmente por la muerte del brigada de Segovia. A partir de ahí comenzó el grueso de la intervención plenaria en la que esa unanimidad quedó patente también en otros asuntos, además del caso del Juzgado de violencia de género.
Mejora viaria en Celanova y Centro de Día en Vilamarín. Con el respaldo de toda la Corporación y sin necesidad de debate, la Diputación respaldó la expropiación forzosa para la ejecución de la obra de mejora de la carretera provincial OU-0209 (Celanova-Quintela de Leirado) del municipio celanovés. El mismo procedimiento se siguió a la hora de estimar el recurso interpuesto por el Obispado de Ourense sobre la expropiación forzosa para le ejecución de la obra de construcción de un Centro de Día en el municipio de Vilamarín.
Congelación de sueldos.El grupo provincial del PSOE defendió una moción en la que reclamaba como medio para hacer frente a la crisis económica la congelación de los sueldos del presidente y diputados para el ejercicio 2009, así como las partidas presupuestarias destinadas a dietas de cargos electos por asistencias, los sueldos de los cargos de confianza y las partidas de los grupos políticos. Fue aprobada por consenso ya que, en el caso del PP, una directriz de una reciente directiva de la ejecutiva gallega del partido instaba a todos los concellos e instituciones provinciales gobernadas por los conservadores a congelar sus retribuciones salariales. La medida contempla la no aplicación del incremento de precios al consumo, que previsiblemente llegue al 4%.
Financiamiento local. Sólo con los votos del PP salió adelante la moción que este partido presentó para solicitar al Gobierno una reforma urgente del financiamiento local.
