Faltaba por juzgar uno de los tres imputados al que hubo que extraditar
El argentino Victor Hugo Gil se sentará en el banquillo de la Audiencia el próximo 16 abril acusado del atraco a la joyería Cota de la ciudad en junio de 2006 junto a otras dos personas que ya fueron juzgadas, incluido su propio hermano, Miguel Ángel, quien fue absuelto.
El fiscal reclama para Hugo Gil una total de 26 años de prisión porque, además del robo violento, lo acusa de cuatro delitos de detención ilegal y allanamiento de morada. De hecho, le atribuye un papel en primera línea a la hora de ejecutar el robo ya que, según dice, encañonó a la propietaria de la joyería cuando llegó a su vivienda del a calle Bedoya y la condujo a la joyería para abrir la cámara de seguridad con objeto de apoderarse del suculento botín que contenía: joyas y 9.000 euros en efectivo, aunque también se llevó los relojes de las vitrinas. En total, un botín valorado en 332.541 euros.
La víctima no opuso resistencia ya que sus dos hijos pequeños y la empleada de hogar estaban retenidas en la vivienda por los otros dos atracadores. Posteriormente, dice la acusación pública, la dueña de la joyería regresó a casa en donde fue amordazada junto al resto de rehenes. Los ladrones se fueron no si antes amenazarlos de que no llamasen a la Policía y que no los reconocieran fotográficamente ya que, de lo contrario, habría consecuencias.
La Audiencia condenó por estos hechos a Fabián Darío González a algo más de 21 años de prisión ya que una huella dactilar en la caja de una pluma estilográfica lo inculpó. La sala no pudo juzgar a Víctor Hugo Gil porque huyó a Argentina al saber que había detenido a su hermano y Fabián Darío González en Valencia. Esto obligó a la sala a iniciar un proceso de extradición que puso ante la autoridad judicial al prófugo en octubre de 2013. Desde finales de octubre, está en prisión provisional para evitar que se dé de nuevo a la fuga.
El reconocimiento de la dueña de la joyería (tanto fotográfico como en rueda durante la instrucción) y fotogramas obtenidos de las cámaras de seguridad son la prueba de cargo en la que sustenta el fiscal al acusación.
