La Audiencia confirmó el fallo del Juzgado de lo Penal 2 ya que está "adecuadamente razonada"
La Audiencia de Ourense des- estimó el recurso de la fiscal, al que se adhirió la acusación particular (el entorno del constructor Bautista Rodríguez), contra la absolución de la exconcejala de Urbanismo del PSOE Áurea Soto y el abogado coruñés Carlos Hernández, confirmando íntegramente la resolución de la jueza del Penal 2 Noemí González relativa a la intervención de ambos encausados en la concesión de licencias para la legalización en 2007 de la plaza de San Antonio, en cuyo subsuelo hay un aparcamiento privado. La judicialización de este asunto puso fin a la carrera política de la edila, quien, con el auto de apertura del juicio oral (enero 2015), presentó su dimisión.
La sala, según recoge el fallo, considera que "la sentencia apelada se halla adecuadamente razonada con aplicación de las reglas de la lógica y máximas de experiencia, en cuanto que sostiene que ni en el fondo ni en la forma la cuestionada legalización y el informe que la basó (el elaborado por Hernández) se apartan groseramente de la normativa urbanística".
Para el tribunal, una posible infracción a la normativa urbanística a la hora de legalizar el entorno de la plaza "no es ni patente ni grosera" hasta el punto de visibilizar la aplicación del artículo que penaliza la prevaricación urbanística.
La sentencia que resuelve la apelación recuerda que ya el TSXG llegó al convencimiento de que la legalización no contradecía "patentemente la normativa aplicable, ya que se trataba de una cuestión interpretativa". De hecho, la jueza del Penal 2 sustentó su absolución en esta cuestión, descartando la relevancia penal de la actuación de la exconcejala y el letrado especializado en urbanismo como cooperador necesario.
La exresponsable de Urbanismo había solicitado al abogado, el 17 de octubre de 2007, un informe sobre la posible legalización de las edificaciones situadas en la plaza de
San Antonio. Hernández concluyó que era posible la legalización con arreglo a las normas del Plan Xeral de Ordenación Urbanística (PXOM) vigente en 2003, que definían la zona como un "espacio libre de parcela". A raíz de este informe, Soto dictó una providencia para incoar el expediente de legalización de dichas edificaciones.
De esta forma, el 4 de diciembre de 2007, elevó a la junta de gobierno local la propuesta de concesión, en vía de legalización, de las licencias de obra, construcción y ocupación del complejo situado en la Plaza de San Antonio.
Tras el fallo del Penal 2, la exe- dila socialista presentó una querella ante el TSXG contra el juez instructor de la causa, Leonardo Álvarez, por considerar que había cometido "prevaricación judicial" durante la tramitación del asunto. Este asunto aún está tramitándose en la actualidad.
