Recuerda que cuatro de las cinco contrataciones denunciadas no corresponden a Urbanismo
La exedil de Urbanismo, Áurea Soto, imputada por prevaricación en el caso de cinco contrataciones bajo la modalidad de las asistencias técnicas junto al exalcalde, Francisco Rodríguez, se mostró contundente ayer, al asegurar que el Gobierno del PSOE en el Concello no hizo algo distinto a lo que ya había realizado el Partido Popular antes, pero en 20 casos.
Según Soto, cuatro de las cinco contrataciones externas investigadas, tras una denuncia de la CIG, que después se apartó del proceso, no corresponden a la concejalía de la que fue titular y se hicieron en "los mismos y exactos términos que otras 20 contratadas por los anteriores gobiernos del PP, sin que sobre ellas hubiese denuncia o investigación alguna".
La exconcejala sale en defensa del exregidor. Detalla que el levantamiento de los reparos efectuados por el interventor a las facturas es un mecanismo legal para abonar servicios, que si no se pagasen "llevaría a incurrir en enriquecimiento ilícito por parte de la Administración".
El resto del comunicado incluye afirmaciones sobre el representante de la CIG en el Concello de Ourense -antiguo jefe de Personal con el PP-, denunciante de las asistencias técnicas, y sobre el juez instructor, Leonardo Álvarez, al que debe las dos imputaciones judiciales, la primera en relación a la plaza de San Antonio.
En relación al juez, le atribuye un "cúmulo de daños colaterales" para los 11 imputados, tanto económicos como políticos y personales, "para calificar finalmente como prevaricación las cinco últimas asistencias técnicas y no todas las anteriores firmadas bajo mandato del PP, por el jefe de personal de entonces, que ahora es el que denuncia éstas".
Frente a estas actuaciones, la exedila recuerda que hace más de seis meses, el mismo juez de instrucción tiene "en su mesa, pendiente de investigación", el informe de técnicos municipales que en 2004 analizaron 15 proyectos de compensación y cuantificaron en 1,6 millones de euros el "hurto" a las arcas públicas durante los gobiernos del PP. Hasta ahora, según Soto, sólo fue llamada a declarar ella, para ratificar su denuncia.
Áurea Soto arremete contra uno de los denunciantes del caso de las asistencias técnicas, el asesor jurídico municipal Javier García Gago, como funcionario municipal "con salario bruto de más de 60.000 euros anuales que pidió compatibilizar ese trabajo" con el de dar clase en la universidad de Vigo, a pesar de que la Ley de compatibilidades la prohíbe al percibir un salario superior "al de un director general del Estado, de 53.000 euros", según Soto.
La exedila acusa al funcionario y sindicalista de denunciarla a ella, al alcalde y a la director general de Recursos Humanos para "recusarlos, forzar los plazos de los trámites e impedir que votaran su incompatibilidad en los plazos determinados, y así conseguir sus fines".
