El PSOE contraataca acusándolo de una pésima herencia urbanística
El grupo municipal de gobierno se rebela contra el bloqueo al que le ha sometido la oposición municipal, vetando algunas de sus iniciativas -véase la revisión de oficio de la compatibilidad concedida al asesor jurídico adjunto, García Gago, por ejemplo- o directamente rechazando cuestiones de más envergadura, como el bloqueo del pago de facturas a proveedores o la amortización de deuda con cargo al remanente de tesorería del que dispone el Concello.
Frente a ese bloqueo en la gestión, el gobierno local -ayer por boca de la concejala de Urbanismo, Aurea Soto- contraatacó destacando sus esfuerzos por defender los intereses municipales en litigios antiguos, heredados casi siempre de antiguos gobiernos del PP; es el caso, explicó ayer, de la Praza de San Antonio, donde el pacto de una indemnización con la denunciante evitó al Consistorio el abono de 30 millones de euros en compensaciones por el derribo de los edificios; un pleito, recordó, iniciado por la mala gestión urbanística de los populares. O la sentencia favorable, fruto del buen hacer, dijo, de las asistencias técnicas externas que defendieron al Concello, en la denuncia interpuesta por el promotor Bautista Rodríguez, que a punto estuvo de provocar una indemnización millonaria, aunque finalmente el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sentenció a favor del Consistorio.
El pago a Proavia
También este asunto, puntualizó, es una herencia de la gestión política del PP, como el caso de Proavia, que destacó Soto en su comparecencia en el Concello, en el que sí hay que abonar una cantidad millonaria a la promotora, en este caso algo más de 2,5 millones de euros. También este caso es fruto de la mala gestión del PP, dijo la edil socialista, pues es fruto de la anulación del Plan de Ordenación Urbana de 2003.
Pese a todo ello, Aurea Soto aún espera las disculpas de los "populares" por esa gestión, mientras asegura que sólo con resolver a favor de la ciudad los dos primeros asuntos, evitó un gasto de 2.000 euros a cada ourensano, que habría contribuido al pago de las indemnizaciones a través de sus impuestos.
Sin embargo, apostilló, el actual gobierno local está siendo "sometido a una fiscalización exhaustiva, precisamente en una ciudad en la nunca hubo una fiscalización de la gestión municipal".
