Insta a la Diputación a reclamar más financiación al Gobierno central
El grupo provincial del BNG llevará al próximo pleno de la Diputación una moción para instar al Estado a evitar el "desmantelamento" del servicio de Correos, especialmente en el ámbito rural. Según los nacionalistas, la desaparición de carteros rurales en los últimos años afecta especialmente a Galicia, "ao ter máis de 30.000 núcleos de poboación" y alerta de que la jefatura confirma que las cuentas seguirán "na liña coas anteriores".
El BNG pedirá la aprobación en el pleno para reclamar al Gobierno central un incremento de la financiación de Servicio Postal Universal, aquel que Correos tiene encomendado por ley para garantizar un acceso en condiciones de igualdad y a un precio asequible.
En los últimos ocho años desparecieron 1.113 carteros rurales en el estado y Correos "amortiza case todas as vacantes obrigando a asumir ás rutas ao persoal de áreas colindantes", denuncia el BNG.
Además, solicitan que se cuantifique el coste real de este servicio y la creación del fondo de compensación que prevé la ley. También piden un pacto laboral que contemple una "recuperación salarial dos recortes aplicados desde 2010 e taxas de reposición de emprego do 100% nos vindeiros anos, mediante procesos de contratación transparentes".
El representante del frente nacionalista en la provincia, Ramiro Rodríguez, denuncia que Ourense "xa foi coello de indias antes da crise en todo este proceso de racionalización e amortización, ao ser a primeira provincia na que se eliminou a figura do carteiro urbano nas Oficinas Técnicas, empezando por Bande e Castro Caldelas" y destaca también fue la primera en la que estas Oficinas Técnicas "perderon tal categoría ao xubilarse o funcionario do grupo C1 que as atendía, como en Cortegada".
SIN NOTICIAS DE LA REVISIÓN DEL COBRO DEL IBI A CORREOS
El Concello de Ourense anunció el pasado mes de febrero que revisaría los expedientes de las tres oficinas de la capital por las que Correos nunca pagó el IBI. Desde Gestión Tributaria aún no han notificado las conclusiones de estos informes, que estudian si deben suprimirse las exenciones, tal como han confirmado varias sentencias, incluida una del Supremo.
