Urbanismo alerta de reiterados incumplimentos de la propiedad frente a las órdenes de paralización, mientras los dueños piden continuar la demolición para evitar posibles derrumbes
La obra de demolición de un edificio en la calle Progreso 49 se complica. El Concello remite al fiscal el asunto, por incumplimiento de la paralización de los trabajos, y la propiedad pide que se levante esa suspensión, alegando graves perjuicios. Detrás, la compleja situación urbanística en el entorno de As Burgas (particularmente el área de reparto), pendiente de expropiación y con pleitos como el de los propietarios de este inmueble, por medio.
La concejala de Urbanismo, Aurea Soto, ha puesto en manos del Ministerio Fiscal los "incumplimientos" de los propietarios del edificio de Progreso 49, donde aparecieron restos arqueológicos -fragmentos de columnas y una basa de posible origen galaico-romano que formaban parte del soporte de una estructura del inmueble- que ahora serán objeto de un informe por el Servicio de arqueología municipal. Ocurre que, según la Concejalía de Urbanismo, sus órdenes de paralización de las obras de demolición que permitieron avistar esos restos, fueron "vulneradas reiteradamente, incumpríndose con elo a finalidade de preservar e impedir o deterioro dos restos arqueolóxicos alí atopados". Además, en un escrito firmado ayer dio traslado a la Xunta, "toda vez que incumpriuse reiteradamente orde de cese das obras de demolición".
Se refiere la concejala a las órdenes de paralización enviadas entre los días 16 y 19 pasados, que fueron incumplidas y, para ello, aporta un informe técnico que recoge las incidencias detectadas por la Policía Local al llevar los escritos de paralización -incluidas actas que reflejan el incumplimiento de esos mandatos y como los operarios conocían la orden de parar pero el encargado les mandaba continuar, durante tres días-, así como el informe del arqueólogo municipal, que aconseja la suspensión de los trabajos de demolición.
En el otro extremo del conflicto, los propietarios, Luis Soto y Adolfo Pereira y su abogado, Antonio Feijóo Miranda, que, también ayer, presentó un recurso en el Concello, en nombre de sus defendidos, demandando la continuidad de los trabajos de demolición por los graves perjuicios que pueden causarse, especialmente en lo que se refiere a la seguridad de lo que queda en pie. El abogado, que advierte de que llevará esta orden de paralización ante los jueces, dice que el inmueble no tiene protección que justifique esa suspensión, resta valor a los fragmentos de columnas, aporta un informe de un arquitecto que alerta de desprendimientos si se paran las obras y apela a la licencia de demolición y obra que tiene en vigor, rechazando que el Concello haya decidido revisarla porque carece de informe de Patrimonio. Dice que está fuera del àrea de reparto de As Burgas aunque el gobierno local lo incluye dentro del BIC al estar en un radio inferior a 150 metros de las fuentes termales, lo que obligaría, sostiene, a contar con un informa favorable de Patrimonio de la Xunta.
