Jesús Vázquez destaca que solo se realizarán obras en la fachada; arquitectos y oposición piden una solución integral
El Concello de Ourense asume que solo será posible realizar retoques en la fachada de la antigua cárcel provincial, unos trabajos orientados a garantizar la seguridad de los viandantes pero que condenan a la ruina al inmueble, propiedad del Concello desde 2001, culpando al anterior gobierno de la ciudad de la situación del edificio por "un proyecto mal llevado". Los grupos de la oposición y el Colegio de Arquitectos piden una solución integral.
El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, confirmó ayer que el gobierno municipal está a la espera de que los técnicos municipales concluyan los informes que se están preparando para "clarificar los trabajos que se deben llevar a cabo en la fachada", reconociendo que la inseguridad jurídica y urbanística que reina en todo el entorno de As Burgas hace inviable por el momento que cuaje el interés de inversiones privadas en la zona, claves para sacar adelante el plan termal, que también requiere de una aportación de fondos públicos que ronda los 18 millones de euros. Vázquez culpa a los anteriores gobiernos de la ciudad, que redactaron el proyecto de As Burgas, de la situación de bloqueo. Pese a esto, asegura que se actuará en el inmueble para que éste no suponga ningún riesgo para la ciudadanía.
"Los pasos que se siguieron han llevado a esta situación, a que esté paralizado. El proyecto para declarar la zona Bien de Interés Cultural (BIC), el área de expropiación, todo está en manos de la justicia. Lógicamente, esto no favorece que haya proyectos en la ciudad, todo este tema se llevó muy mal desde el principio. Lo que haremos ahora es ir dando pasos para solventar los desprendimientos en la fachada", indicó el regidor ourensano.
Vázquez cuestiona que, en el momento de proceder a la declaración como BIC, "se deberían haber analizado todos los pros y contras", criticando que el área declarada se extendiese a "puntos que están muy lejos de las aguas termales" y también el proceso de expropiación, impulsado en el anterior mandato por el PSOE.
UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA
El presidente del Colegio de Arquitectos, Alberto de Paula, considera la situación de la antigua cárcel "una muestra más de la lentitud" de las administraciones, que "lleva a edificios emblemáticos a convertirse en un foco de peligro".
De Paula comparte la necesidad de una reforma urgente que "minimice" las posibilidades de desprendimientos futuros de cascotes, pero urge "una solución definitiva" para el inmueble, apelando a la voluntad del Concello y pidiendo que no se utilice siempre la justificación de la inseguridad jurídica para non actuar.
"Seguridad total no va a haber nunca, a veces es un arma de doble filo esto porque no haríamos nada nunca, debemos pedir valentía a nuestros políticos, no ser conformistas", concluye el arquitecto.
