El fiscal considera "evidente" que cometió falsedad documental en 2011
El ministerio fiscal ratificó ayer la petición de cuatro años y medio de prisión para la alcaldesa de Melón, María Cristina Francisco Vílchez, por presunta falsedad documental al considerar su participación "activa" en la comisión de este delito y que su colaboración "era necesaria para llevarla a cabo". Lo aseguró durante la segunda jornada del juicio en la Audiencia Provincial de Ourense en el que acusa a la regidora, a una funcionaria municipal, Mercedes Lorenzo Durán, y a un hombre condenado -en 2011- a realizar trabajos en beneficio de la comunidad para el Concello, David Pérez Rodríguez, de falsificar el estadillo de control presencial que justifica el cumplimiento de la pena.
El acusador público elevó a definitivas su solicitud en un juicio que había sido aplazado debido a que en la primera sesión faltó por declarar el jefe del Servicio de Gestión de Penas. El responsable apuntó que este departamento no puede probar el cumplimiento de la pena, "por lo que confía en la argumentación de seguimiento del Consistorio".
La acusación particular, a cargo del edil socialista Emilio Díaz, consideró probada la colaboración de Francisco Vílchez a la hora de firmar los partes en los que se confirmaba la realización de los trabajos sociales en las jornadas a las que había sido condenado -11 días-, "a pesar de no haber realizado labor alguna".
Por su parte, el fiscal insistió en que desde el Concello de Melón "no se controlaba nada" y aclaró que los trabajos de desbroce asignados se celebraban los sábados, días en los que no había personal para comprobar si el acusado estaba realizando las tareas. Añadió el fiscal que los investigadores privados contratados por el denunciante constataron que, al menos siete de las jornadas de condena, no realizó labor alguna y que si la realizaba, "ésta se reducía a pasear por el pueblo o hablar con los vecinos".
La defensa, quien reclamó su libre absolución, apostilló que "el control compete a vigilancia penitenciaria", por lo que es "evidente el claro interés político".
También pidió la absolución el abogado del condenado, al considerar que la pena prescribía al año de la denuncia y ya han pasado tres. Asimismo, el letrado insistió en la "nulidad las investigaciones privadas" por considerar que Emilio Díaz obtuvo "de forma ilícita" los datos sobre su representado y finalizó la defensa destacando que "los detectives privados tienen prohibido por ley investigar sobre un delito público".
La representante de la funcionaria recordó que su labor era, exclusivamente, la de ofrecer el estadillo en el que el penado debía firmar después de cada jornada laboral, por lo que también solicitó la absolución.
