La fiscalización de adjudicaciones de contratos menores de la Diputación de Ourense, que tienen el aval de los informes técnicos y jurídico, según el gobierno provincial, provocó las críticas del PSOE. El gobierno ve "lóxico" que el ente estudie los procedimientos al ser su función, garantiza la "legalidade" y dice que la información fue en todo momento pública.
El PSOE recuerda que el Consello de Contas incluyó este "carrusel presuntamente ilegal" por valor de 30 millones en sus planes al ser "área de risco". Su líder, Rafael Villarino, celebró la decisión, señalando que esta diputación es la que "adica máis cartos a contratos sen control" del país.
El portavoz del PP, Plácido Álvarez, recuerda que la fiscalización ya fue notificada el 13 de marzo y acusa al PSOE de actuar "buscando escuras manobras" y con "ignorancia e sucio interese político".
