La exedil socialista se enfrenta a la petición de diez años de inhabilitación de cargo público por un delito de prevaricación
La exconcejala de Urbanismo Áurea Soto se enfrenta a la petición de diez años de inhabilitación de cargo público -que la acusación elevaba a 21-, acusada de un delito de prevaricación urbanística en el caso de la plaza de San Antonio, en la ciudad, por presuntas irregularidades a la hora de legalizar garajes para su explotación privada, en una zona considerada como subsuelo público. Soto se sentó esta mañana en el banquillo del Juzgado de lo Penal 2 de Ourense con su abogado, Carlos Hernández, como autor de un informe jurídico favorable, "obviando" la legalidad a fin de avalar la actuación. La defensa solicita, por el contrario, la libre absolución. La exedil no quiso hacer declaraciones a la llegada a los juzgados.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por DO en 2011, que alertó de supuestas irregularidades en la ejecución de las obras de dicha plaza. "El Ayuntamiento de Ourense no puede otorgar licencias de legalización, construcción, uso y ocupación de subsuelo público", esgrime en su escrito la acusación particular, Casas Orense.
El letrado del promotor afectado cree que la concejala autorizó en 1998 la construcción de viviendas, incluyendo un aparcamiento subterráneo en una zona que no estaba permitida, al ser espacio público, según recoge el auto de apertura de juicio oral. Además, critica el pago de 358.000 euros de indemnización a la propietaria de la vivienda, afectada por la reducción de la luminosidad en la trasera del inmueble.
Por el contrario, el PSOE defendió dicha actuación para evitar el pago de varios millones de euros e incluso el posible derribo de las viviendas. n
