La institución provincial tendrá que reducir personal, subir las tasas y eliminar fórmulas de cooperación con los concellos

El Estado avala a la Diputación para pagar cuatro millones a proveedores

La Diputación debe 3.983.069 euros, según su plan de ajuste. En la imagen, pleno del pasado viernes. (Foto: MIGUEL ANGEL)
La mayoría de los concellos ourensanos que presentaron al Gobierno central el plan de ajuste que les permitiría disponer de crédito para saldar la deuda con sus proveedores y pagar después al Instituto de Crédito Oficial (ICO) durante 10 años, han obtenido el visto bueno del Ministerio de Economía, según las notificaciones oficiales recibidas en los últimos días.
Es un alivio para las vacías arcas de los concellos, que podrán contratar un préstamo a bajo interés aunque ello los endeudará hasta el 2022. Pero es un alivio mayor para los proveedores, que cobrarán de acuerdo con la antigüedad de la deuda, que en algunos casos es muy notable.

También la Diputación provincial, que presentó el último día del mes de marzo su estricto plan al Estado, recibió ayer mismo la contestación favorable. Esto facilitará el pago de 3.983.069 euros a los proveedores, una cuantía que incluye el déficit del Pazo provincial, el Inorde (en este caso 191.124 euros) y el Patronato provincial de Turismo, ya desaparecido pero del que hay que saldar 228.231 euros adeudados.

Concellos y Diputación deberán cumplir ahora esos austeros planes de ajuste, que obligan, en todos los casos, a apretarse el cinturón, una acción que en el caso de la institución provincial pasa por reducir los gastos de personal en 234.290 euros sólo este año (y en 112.740 anuales hasta 2022), lo que implica la reducción de la plantilla. De hecho, los jefes de servicio de los diferentes departamentos preparan ya informes, por encargo de la presidencia, que contemplan notables recortes en este aspecto. Además, la Diputación incrementará las tasas del Pazo dos Deportes Paco Paz entre un 10% y un 20% y rescindirá contratos en el Inorde. De hecho, la institución se ha comprometido a ahorrar,sólo este año, unos 800.000 euros, a costa también de eliminar su apoyo a los telecentros y la interconexión de los concellos con la Red provincial, que únicamente se mantendrá si la pagan los consistorios.

Pero, además, la institución se propone un plan estratégico para este mismo año, con objeto de asumir las partidas que Estado y Xunta han eliminado para planes provinciales de obras y servicio básico de ayuda a domicilio. En total, 3,4 millones de euros que la obligarán a ajustar aún más las tuercas de la austeridad, a costa previsiblemente del personal y de gastos suntuosos.

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