El TSXG lo ordenó en 1996 pero se dilató el proceso hasta febrero de 2015
La polémica demolición de una vivienda unifamiliar en Corbillón en febrero de 2015, tras un largo proceso en los tribunales iniciado en 1994, aún sumará un frente judicial más. El alcalde de A Merca, Manuel Jorge Velo Reinoso, será juzgado en breve (ayer se aplazó la vista) en el Penal 1 por un delito de desobediencia relaconado con la demora del derribo. Según estima el fiscal, el mandatario local"de manera consciente, reiterada y contumaz se opuso al cumplimiento de lo ordenado por el TSXG, realizando maniobras dilatorias con diversas excusas a fin de ir alargando el cumplimiento de lo ordenado de modo que en el transcurso del tiempo pudiera hacer de facto que la sentencia no se ejecutura".
Por contra, el alcalde defiende su inocencia. Alega, según explicó ayer, que no se opuso a la ejecución del a sentencia "sino que pretendía hacerlo de la mejor forma posible para que la familia afectada abandonara de forma voluntaria la casa". Veloso asegura que los ánimos estaban muy crispados en el pueblo y que sólo trató de llevar a cabo una demolición lo menos traumática posible.
El ministerio fiscal cree que no es cierto y que dilató el proceso pese a los apercibimientos de incurrir en responsabilidad penal y con imposición de multas coercitivas. "No sólo no realizó acciones efectivas tendentes a cumplir lo ordenado sino que utilizó maniobras dilatorias con presentación de escritos en el procedimiento de ejecución", dice el acusador público. Este último considera que respondía a una maniobra de distracción. "Bajo la apariencia de plantear cuestiones procesales escondía la última intención de que no se procediera a ejecutar la sentencia con el derribo de las obras", dice.
Y menciona hasta cinco notificaciones personales entre marzo de 2005 y enero de 2011. Posteriormente, un acuerdo de la junta de gobierno de 29 de febrero de 2012 autorizó la demolición conforme a un proyecto presentado por el dueño, que contenía un derribo parcial y reforma de la casa. El acuerdo fue declarado nulo por el TSXG el 22 de abril de 2013, confirmando el Supremo la resolución el 22 de mayo de 2014. Finalmente, la casa cuyo derribo se acordó en julio de 1996 fue derribada en febrero de 2015.
El ministerio público solicita para Velo una pena de multa de dos meses y 10 días con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación para el empleo o cargo público durante cinco meses.
