Las infracciones administrativas por tenencia y mal uso de armas de fuego se duplicaron durante 2019. La Guardia Civil tramitó 14 denuncias, en su mayoría durante la temporada de caza (entre octubre y finales de diciembre) frente a las ocho registradas el año anterior.
Las sanciones van desde los 150 hasta los 900 euros y en su mayoría son por no tener la documentación en regla (carecer de licencia y permiso) o utilizar las armas sin respetar las debidas medidas de seguridad a la hora de realizar batidas o durante la temporada de caza.
En la provincia hay 32.300 armas de fuego registradas, en su mayoría escopetas de caza. La Guardia Civil mantiene un férreo control sobre ellas para evitar que se extravíen y terminen siendo utilizadas para cometer delitos.
La vigilancia se endureció en el último año con la entrada en vigor de una nueva normativa, que prohíbe incluso la venta de armas de fogueo y balines sin la correspondiente autorización y licencia.
El Instituto Armado realiza inspecciones prácticamente a diario y solo durante el último año, un total de 23 ourensanos denunciaron que se le había extraviado la documentación de las armas que tenían guardadas en sus viviendas. Los agentes sospechan que buena parte de las denuncias fueron presentadas para eludir una multa tras olvidarse de renovar la documentación o fallecer el titular. Los denunciantes tuvieron que entregar las armas hasta que tuvieron la documentación en regla.
Una de las últimas denuncias la presentó en esta semana un vecino de O Irixo, argumentando que le faltaban dos escopetas que tenía guardas en su vivienda. La Guardia Civil sospechó inicialmente de un robo y, tras tramitar diligencias al juzgado, comprobó que las dos armas las había cogido un hijo del denunciante para prestárselas a un amigo. Las dos escopetas fueron recuperadas.
