La jueza de Verín no reclamó a la fiscal adscrita que informase sobre si procedía o no mantener más vigilada a Isabel Fuentes
Las asociaciones de jueces con representación en Galicia, Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria, se han unido para reclamar, con carácter urgente, una reunión de la Comisión Gallega de Policía Judicial . El objetivo, mejorar la coordinación entre fuerzas de seguridad y la judicatura para evitar disfunciones como la que le costó la vida el pasado viernes a Isabel Fuentes cuando permanecía convaleciente en la cuarta planta del CHUO y su marido, Aniceto Rodríguez, la acuchilló.
"Sucesos como el acontecido no pueden quedar al margen de la reflexión, la depuración de responsabilidades si se produjeron y de la mejora de la coordinación de los distintos intervinientes en la lucha contra la violencia de género", aseguran las tres asociaciones, que hoy en día representan a cerca de 150 jueces, la mitad de la plantilla vinculada a Galicia.
Así lo reivindican en un comunicado conjunto en el que trasladan sus condolencias a la familia de la fallecida y exigen prudencia. "Es demasiado fácil prever lo que podía suceder cuando se sabe lo que sucedió, por lo que reclamamos prudencia a la hora de valorar decisiones adoptadas cuando aún no se conocían la totalidad los datos que ahora han trascendido", reivindican. En este sentido, han expresado su "repulsa ante cualquier acto de violencia de género" y han reiterado su "compromiso con valores contrarios a cualquier manifestación de la misma".
Los togados que suscriben este comunicado salen en defensa de la jueza de Verín, que el día 28 no aceptó la petición de la Guardia Civil de mantener en Rehabilitación durante más tiempo a la lesionada o en un área similar, con acceso restringido. Además, según pudo saber este diario, la jueza no trasladó la petición de la Policía Judicial a la fiscal adscrita a la Demarcación de Verín. Adoptó la decisión de rechazar la petición de forma unilateral, tal como le faculta la ley, aunque no todos los magistrados proceden de este modo, sobre todo en la ciudad, en donde, según precisan fuentes judiciales, "se trabaja de forma muy coordinada".
Más medios para investigar
La APM, de la que es secretario general el presidente de la Audiencia de Ourense, Antonio Piña, Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria indican que las medidas restrictivas de derechos "solo pueden ser adoptadas en el curso de un proceso penal cuando existen indicios racionales de criminalidad, sin que sea suficiente la mera sospecha sin acreditación indiciaria". Por ello, estiman que "es especialmente necesario reivindicar una vez más dotación de medios a las Unidades de Policía Judicial que les permita reunir todos los datos precisos con la mayor celeridad".
Asimismo, hacen hincapié en el "carácter excepcional del suceso acontecido en Ourense", en el que inicialmente, según recuerdan, "se planteó una agresión por un tercero en el marco de un robo" y, por ello, "se desarrolló al margen de las previsiones referidas a los delitos de violencia de género", puntualizan.
Por su parte, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se mostró ayer partidario de "más prevención", descartando una investigación propia por parte de la Xunta porque no tiene ninguna responsabilidad en lo ocurrido. "Nosotros no teníamos conocimiento de las circunstancias más allá de que una mujer llegó al hospital herida muy grave y con la necesidad de ser atendida", resaltó.
La CIG aseguró ayer que planteará una reunión del Observatorio gallego de Violencia de Género para protestar "por la ineficacia de los poderes públicos en la protección de las víctimas", abogando por un plan de protección integral contra la violencia de género que implique a todas las instituciones.
Mientras, la decana del Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia, Rosa Álvarez Prada, valoró que casos como el ocurrido en Ourense hablan de "un fracaso social" y motivan la reflexión sobre "si realmente las agresiones machistas no son evitables". Además, enfatizó que este tipo de sucesos no son "más que la punta del iceberg", de "un gran bloque de hielo que permanece oculto en cada hogar donde una mujer es insultada, humillada, aislada, anulada, agredida por el simple hecho de que un hombre se siente superior a ella por ser hombre".
El fin de la violencia de género pasa, según su criterio, por los colegios para transmitir valores como "la igualdad, la justicia y el respeto". En este punto, precisó que los psicólogos educativos serían "un medio excelente" para enseñar a gestionar las emociones o dar educación afectivo-sexual.
