TRIBUNALES

El juez decano seguirá con la instrucción de las causas de Áurea Soto

photo_camera Leonardo Álvarez.

El magistrado cree que en estos momentos no concurren causas que justifiquen que deba apartarse de esos procedimientos pese a la querella por prevaricación judicial interpuesta por la exedil socialista

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, seguirá tramitando la tres causas en las que la exconcejala socialista de Urbanismo Áurea Soto figura como querellante o querellada: la denuncia de Gil Carnicer por la licencia dada a un  muro de cierre del matadero; los contratos por asistencias técnicas del Concello y los aprovechamientos urbanísticos, la única en la que figura como denunciante).

El magistrado cree que en estos momentos no concurren causas que justifiquen que deba apartarse de esos procedimientos pese a la querella por prevaricación judicial interpuesta por la exedil el pasado martes ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El alto tribunal gallego confirmó ayer que ya tiene constancia de la querella contra el juez decano de Ourense. A partir de ahora, debe designar un instructor para que sea quien decida si la admite o no a trámite.

El artículo  219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que puede ser motivo de abstención  haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal. Pero, según sostiene, el TSXG aún no ha incoado diligencias.

Pero la eventual retirada de Álvarez de los pleitos que afectan a Soto aún podría suceder si la exconcejala y el abogado coruñés Carlos Hernández, quien también rubrica la querella por prevaricación judicial, optan por recusar al magistrado.

El juez seguirá, por tanto, con la instrucción de las tres causas y volverá a citar, según confirmó ayer, al exalcalde del PP Manuel Cabezas y al exconcejal de Urbanismo Julio Díaz Salcedo la próxima semana para que declaren como  investigados en el caso de las cesiones urbanísticas a los constructores durante el periodo 1997-2002.

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