La ejecución de 5,5 millones inicia su tramitación pero no saldrá adelante sin apoyo de la oposición
Avanzando en la tramitación de las modificaciones de crédito que el gobierno municipal socialista pretende llevar al próximo pleno -previo visto bueno de la comisión de pleno de este viernes- para realizar inversiones y pagar más por las expropiaciones para desarrollar el PERI de As Burgas, el grupo convocó junta de gobierno extraordinaria para aprobar esas dos nuevas operaciones económicas que anunció el lunes en una comparecencia pública. Era un trámite imprescindible para sacarlas adelante, aunque le falta otro de los pilares fundamentales, el apoyo de la oposición, que ya tumbó otras dos modificaciones anteriores -para pagar a proveedores y reducir deuda- en el pleno de este mes.
La junta de gobierno extraordinaria dio luz verde, como era de esperar, a la propuesta que propone destinar la figura de créditos ex- traordinarios a un plan de inversiones por valor de 5,5 millones de euros. De ellos, 4,4 millones serán para mejora de calles y aceras (incluida la tan necesitada de mejoras de Concejo), casi 369.000 para ampliación de redes de abastecimiento, 76.000 euros para maquinaria destinada al servicio de Cementerios y más de 683.000 euros para transferir al Consello municipal de Deportes. La otra modificación pretende disponer de medio millón de euros para el PERI de As Burgas. Ambas van con cargo al remanente de tesorería de 2013.
Ni PP ni BNG parecen, a priori, proclives a dar luz verde a estas operaciones, salvo que se haya un acercamiento del grupo socialista, que pidió públicamente -falta que hable directamente con la oposición- el apoyo a esas medidas para invertir en obras que han solicitado, dijo el alcalde, Agustín Fernández, los propios vecinos.
También está por ver si la oposición rectifica, como le ha pedido el grupo de gobierno, y respalda las dos modificaciones de crédito anteriores, las del pleno pasado, algo que parece difícil tras las duras críticas de los portavoces en aquel momento, pese al perjuicio que se causa a particulares y empresas que han suministrado servicios al Concello y a las propias arcas municipales, que podrían reducir su deuda.
Pero PP y BNG no parecen estar dispuestos a dar más cuerda al gobierno local, apelando a la falta de presupuestos, que se ha complicado con la tramitación, obligando a retrotraer el proceso a la fase de aprobación inicial en junta de gobierno.
