Construcción

La licitación de obra pública cayó un 46% en el último año

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photo_camera Una grúa instalada en una obra de la ciudad de Ourense el año pasado.

El 90% de las obras adjudicadas durante el 2017 fue para empresas de la Comunidad gallega

La inversión de obra pública en la provincia de Ourense descendió de forma importante el año pasado con respecto a 2016, según los datos dados a conocer ayer por la Federación Gallega de la Construcción, que señalan un descenso de prácticamente 30 millones de euros entre un ejercicio y el siguiente. En concreto, se pasó de los 72,9 millones de euros correspondientes al año 2016 a los 39,5 millones del pasado año -un 45,8% de descenso-.

 

 

Ampliando la perspectiva, la disminución en la inversión pública fue generalizada en Galicia en el último año, aunque Ourense fue la que contó con menos dinero de las cuatro provincias de la Comunidad. A Coruña recibió 150,2 millones de euros, mientras Pontevedra contaba con 134,5 millones y Lugo también superaba a Ourense, al recibir 53,3 millones de euros en licitación de obra pública.

Por otra parte, la provincia ourensana no ha dejado de ver reducido el volumen de dinero destinado a obra pública desde 2014 -en que alcanzó el pico de dinero para este destino con 307.126.124 euros-.

Distribución

En lo que se refiere a la distribución entre empresas nacionales y gallegas, subrayan desde la Federación de la Construcción el hecho de que de los 39,5 millones licitados el pasado ejercicio, el 90,14% fue a parar a empresas de la Comunidad gallega.

Esta distribución, sin embargo, varía dependiendo del organismo encargado de las obras. La Diputación provincial de Ourense es la que contempló un mayor porcentaje de obras adjudicadas a empresas gallegas, con un 96,94%.

En cuanto a las obras que fueron competencia de la Xunta, un 93,26% fue destinadas a empresas de la Comunidad gallega y el 91,72% de las de los concellos fue igualmente para firmas de Galicia, mientras en el capítulo de universidades descendió al 85,85% y, en las que fueron competencia del Estado, el reparto quedó al 50%, prácticamente, entre empresas gallegas y estatales.

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