La Escuela de Ingeniería Informática sí recibió un informe favorable tras la evaluación realizada por una auditoría a finales del curso pasado, mientras Empresariales todavía aguarda los resultados
Las tres facultades del Campus de Ourense que a finales del curso pasado fueron evaluadas por una auditoría externa dependiente de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug) comienzan esta semana a recibir sus respectivos informes finales, que acreditarán si merecen ser receptoras o no de un sello de calidad.
Mientras la Facultad de Empresariales, que dirige Elena Rivo, aguarda por su correspondiente evaluación final, los informes ya han llegado a la Facultad de Derecho y a la Escuela Superior de Ingeniería Informática, con diferentes resultados para cada una. Mientras esta última obtuvo el ansiado aval por parte de la auditoría, Derecho recibió una prórroga para subsanar las exigencias pendientes.
Ana Garriga, directora de la Escuela de Informática, explicó que el informe final de los evaluadores "consideró que habíamos logrado la correcta y adecuada implantación de la mayor parte de los procedimientos de nuestro Sistema de Garantía de Calidad (SGC)". En concreto, el análisis realizado por los auditores se centró en este sistema, presente en todos los centros y que consiste "en una serie de procedimientos de calidad que afectan a los recursos humanos, materiales o la calidad de la docencia, entre otros, y que elabora el propio dentro".
En su informe, los auditores destacaron "la ambiciosa tarea de revisión documental de los procedimientos de trabajo" realizada por la escuela superior. Además, también se elogió la accesibilidad de la información sobre sus titulaciones y la "mejora continua de la formación que ofrece a sus estudiantes".
La Facultad de Derecho, por su parte, deberá aguardar seis meses para optar de nuevo a este sello de calidad. El decano, Roberto Bustillo, explicó que el centro recibió el pasado mes de julio un informe provisional "parcialmente favorable que nos instaba a proponer un plan de mejoras que cumpliese los requisitos". Tras haber presentado la facultad sus alegaciones, la auditoría determinó esta semana que dentro de medio año, los evaluadores comprobarán de nuevo si las mejoras propuestas son realidad.
El informe recibido por el decanato no recoge ninguna objeción al grado en Derecho ni al máster en Abogacía, algo que Bustillo destaca por "ser los dos ejes de la docencia de la facultad". No obstante, uno de los matices que recoge el documento es la gestión del material. Bustillo, que reconoce que los problemas materiales que surjan se solucionan "de forma rápida", evitando la redacción de un formulario que deba pasar por una comisión, tal como recoge el SCG elaborado por el centro. "Es una objeción correcta", asume, defendiendo que la facultad "está muy bien dotada".
Otra de las exigencias tiene que ver con los medios personales, sobre los que los evaluadores concluyen que "no se reflexiona sobre ellos". Bustillo considera asumible el matiz, dado que, de acuerdo con la normativa de la Universidad, "no son las facultades las que tienen competencias sobre la gestión de medios personales".
El último matiz es la no correcta aplicación del SCG en el máster online en Información Técnica de Medicamentos, con vocación interdisciplinar, pero coordinado por una docente del centro. "Éste es el principal problema; si no lo tuviésemos, ya habríamos obtenido el informe favorable", dice Bustillo, que no descarta que el máster se desvincule de la facultad.
