La reforma del Código Penal en diciembre de 2007 endureciendo conductas negligentes al volante no sólo llenó los juzgado, y en menor medidas las cárceles, de un nuevo tipo de delincuente sino que desde entonces está restando conductores a las carreteras. Al menos, en teoría.
La experiencia recabada hasta la fecha evidencia que una condena judicial no siempre logra el efecto disuasorio que en su día perseguía la medida legislativa articulada. De hecho, el número de personas reincidentes no es desdeñable. Esto es, automovilistas que tienen en su haber más de una sentencia firme que les prohíbe conducir y lo que a la postre les acarrea al menos dos años sin permiso o licencia.
Entre 2013 y 2018, un total de 81 conductores tiene prohibido por dictamen judicial volver a coger un coche; en concreto dos de ellos no podrán hacerlo hasta dentro de siete años. Se trata de los llamados multirreincidentes de la 'inseguridad' vial (con más de un año de retirada de permiso de conducir).
INCIDENCIA DEL ALCOHOL
Casi todo estos casos, según explican desde la Jefatura provincial de Tráfico, aluden a personas que perpetraron delitos por conducir con más alcohol del permitido (superando los 0,60 miligramos por litro de aire espirado), fueron juzgados, condenados y, pese a la prohibición de coger el coche, siguen haciéndolo y son sorprendidos, lo que les acarrea un nuevo delito de quebrantamiento de condena.
Los juzgados de una ciudad de tamaño medio como Ourense (108.673 habitantes) tramitan en torno a 500 delitos contra la seguridad del tráfico al año relacionados con la ingesta de alcohol, los cuales, según valoran los jueces instructores, 'suelen terminar con sentencias de conformidad'. Las penas llevan implícitos trabajos en beneficio de la comunidad o multas y retirada del permiso.
La prohibición de conducir por orden judicial -también la sanciones administrativas lo impide- cumple, a juicio del jefe provincial de Tráfico, David Llorente Rey, una finalidad importante: 'Retirar en lo posible a los conductores más peligrosos y agresivos de las vías públicas'.
Pero la misma moneda tiene dos caras, esto es, lecturas contrapuestas, ya que, a nivel judicial, esta elevada incidencia delictiva pasa inexorablemente factura, saturando los dos juzgados de lo Penal de la provincia, los encargados de la ejecución de los fallos. 'La ley no preveía la consecuencia que generaría la tipificación de estas conductas en el sistema de justicia, el cual, como siempre, permaneció al margen de cualquier consideración normativa y presupuestaria', explica el titular del Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad, Antonio Piña Alonso.
La acumulación de ejecutorias en los Juzgados de lo Penal de Ourense supera las 1.200, sin que se haya incrementado la plantilla de personal adscrito a estos órganos, 'siendo insuficientes las medidas temporales de refuerzo de personal', valora Piña Alonso. Advierte que 'el incremento en la ejecución de sentencias derivadas de estos delitos repercute sobre todo el sistema, impidiendo el adecuado control de la ejecución en otros asuntos de mayor gravedad, e incluso retrasando estos fallos'.
La demora en la ejecución penal queda referenciada a nivel estatal en un dato: a finales de 2010, se encontraban pendientes 545.503 condenas. 'Este retraso viene motivado, en gran parte, -alega el magistrado- por leyes que no tienen en cuenta la incidencia que van a producir en su conjunto, atendiendo exclusivamente a una inmediatez, que a la postre provoca distorsiones en todo el sistema'.
Por su parte, colectivos relacionados con la seguridad vial, como la Asociación Española de la Carretera, consideran que aún 'es muy pronto para valorar en profundidad los resultados de la reforma'. No obstante, según confían, 'estamos seguros de que a largo plazo serán positivos'.
Entre 2013 y 2018, un total de 81 conductores tiene prohibido por dictamen judicial volver a coger un coche; en concreto dos de ellos no podrán hacerlo hasta dentro de siete años. Se trata de los llamados multirreincidentes de la 'inseguridad' vial (con más de un año de retirada de permiso de conducir).
INCIDENCIA DEL ALCOHOL
Casi todo estos casos, según explican desde la Jefatura provincial de Tráfico, aluden a personas que perpetraron delitos por conducir con más alcohol del permitido (superando los 0,60 miligramos por litro de aire espirado), fueron juzgados, condenados y, pese a la prohibición de coger el coche, siguen haciéndolo y son sorprendidos, lo que les acarrea un nuevo delito de quebrantamiento de condena.
Los juzgados de una ciudad de tamaño medio como Ourense (108.673 habitantes) tramitan en torno a 500 delitos contra la seguridad del tráfico al año relacionados con la ingesta de alcohol, los cuales, según valoran los jueces instructores, 'suelen terminar con sentencias de conformidad'. Las penas llevan implícitos trabajos en beneficio de la comunidad o multas y retirada del permiso.
La prohibición de conducir por orden judicial -también la sanciones administrativas lo impide- cumple, a juicio del jefe provincial de Tráfico, David Llorente Rey, una finalidad importante: 'Retirar en lo posible a los conductores más peligrosos y agresivos de las vías públicas'.
Pero la misma moneda tiene dos caras, esto es, lecturas contrapuestas, ya que, a nivel judicial, esta elevada incidencia delictiva pasa inexorablemente factura, saturando los dos juzgados de lo Penal de la provincia, los encargados de la ejecución de los fallos. 'La ley no preveía la consecuencia que generaría la tipificación de estas conductas en el sistema de justicia, el cual, como siempre, permaneció al margen de cualquier consideración normativa y presupuestaria', explica el titular del Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad, Antonio Piña Alonso.
La acumulación de ejecutorias en los Juzgados de lo Penal de Ourense supera las 1.200, sin que se haya incrementado la plantilla de personal adscrito a estos órganos, 'siendo insuficientes las medidas temporales de refuerzo de personal', valora Piña Alonso. Advierte que 'el incremento en la ejecución de sentencias derivadas de estos delitos repercute sobre todo el sistema, impidiendo el adecuado control de la ejecución en otros asuntos de mayor gravedad, e incluso retrasando estos fallos'.
La demora en la ejecución penal queda referenciada a nivel estatal en un dato: a finales de 2010, se encontraban pendientes 545.503 condenas. 'Este retraso viene motivado, en gran parte, -alega el magistrado- por leyes que no tienen en cuenta la incidencia que van a producir en su conjunto, atendiendo exclusivamente a una inmediatez, que a la postre provoca distorsiones en todo el sistema'.
Por su parte, colectivos relacionados con la seguridad vial, como la Asociación Española de la Carretera, consideran que aún 'es muy pronto para valorar en profundidad los resultados de la reforma'. No obstante, según confían, 'estamos seguros de que a largo plazo serán positivos'.
