La decisión del grupo de gobierno de no compensar a los funcionarios del Concello de la ciudad por la pérdida de la paga extra ha suscitado fuertes críticas entre la oposición y puede abrir una brecha en la hasta ahora política de entendimiento que mantenían socialistas y nacionalistas, aunque estos últimos no formen parte ya del gobierno local.
El BNG, que formaba parte del gobierno cuando el pasado septiembre se aprobó en pleno esta compensación, que además fue iniciativa suya, acusó ya a los socialistas de 'falta de vontade política', como lo demuestra el hecho de que se realizaran 'transferencias de crédito da partida de persoal por valor de 1.286.000 euros a favor doutras, como publicidade e propaganda', señaló ayer Ximena González.
Los nacionalistas entendían que con esta paga no sólo se dinamizaba la actividad económica, 'xa que se favorecía o comercio local e a hostelería', aseguró Xosé Somoza, sino que también 'era unha medida de insubmisión contra as políticas de austeridade do goberno'. Asimismo, el BNG recordó que hay gobiernos municipales que pagarán la extra mediante complementos de productividad y con informes técnicos que dejan abierta la posibilidad de adoptar esta decisión.
También terció en el desencuentro el grupo municipal del PP, que considera que la decisión del gobierno local le da la razón, ya que siempre consideró que la propuesta era 'un descarado brinde ó sol', según el portavoz, Rosendo Fernández. A su juicio, 'naquel bipartito, a ala nacionalista forzou a moción, mentras que a do PSOE foi incapaz de dicir a verdade ós funcionarios, mantendo aquela errónea expectativa e dilatándoa no tempo, revelándose agora coma fume'. El portavoz popular critica que en la junta de área de Servizos Xerais, que tuvo lugar el miércoles, no se hubiera informado a la oposición de que no se pagaría la extra en diciembre y unas horas después anunciase la medida en un comunicado público. PP y BNG coinciden en lamentar 'o engano' al que se vieron sometidos, no sólo los funcionarios sino también colectivos como los comerciantes o los hosteleros.
Por su parte, el alcalde, Agustín Fernández, intervino ayer para afirmar que 'o compromiso na moción era buscar alternativas legais para compensar a perda de poder adquisitivo pero o que está claro é que a extra non se pode pagar nin se pode pretender facelo chamándoa doutra maneira'. El regidor recordó las denuncias efectuadas por el Gobierno a otras instituciones que decidieron pagar la extra e incidió en que 'non imos incumprir a legalidade'. Con todo, se comprometió a seguir buscando fórmulas para intentar compensar la pérdida de poder adquisitivo a sus trabajadores.
CARTA DEL MINISTERIO
Fuera de la ciudad, el Ministerio de Hacienda hacía público ayer que había enviado una carta a todos los ayuntamientos españoles en la que les recuerda la imposibilidad legal de pagar este año la segunda extra a sus funcionarios. En esa misiva les pide, además, la certificación de que han inmovilizado el dinero que debían destinar a este fin -que en el Concello de la ciudad se situaba en algo más de un millón de euros-. La delegaciones del Gobierno -en este caso, la de Galicia- han sido las encargadas de remitir este escrito a los concellos.
Los nacionalistas entendían que con esta paga no sólo se dinamizaba la actividad económica, 'xa que se favorecía o comercio local e a hostelería', aseguró Xosé Somoza, sino que también 'era unha medida de insubmisión contra as políticas de austeridade do goberno'. Asimismo, el BNG recordó que hay gobiernos municipales que pagarán la extra mediante complementos de productividad y con informes técnicos que dejan abierta la posibilidad de adoptar esta decisión.
También terció en el desencuentro el grupo municipal del PP, que considera que la decisión del gobierno local le da la razón, ya que siempre consideró que la propuesta era 'un descarado brinde ó sol', según el portavoz, Rosendo Fernández. A su juicio, 'naquel bipartito, a ala nacionalista forzou a moción, mentras que a do PSOE foi incapaz de dicir a verdade ós funcionarios, mantendo aquela errónea expectativa e dilatándoa no tempo, revelándose agora coma fume'. El portavoz popular critica que en la junta de área de Servizos Xerais, que tuvo lugar el miércoles, no se hubiera informado a la oposición de que no se pagaría la extra en diciembre y unas horas después anunciase la medida en un comunicado público. PP y BNG coinciden en lamentar 'o engano' al que se vieron sometidos, no sólo los funcionarios sino también colectivos como los comerciantes o los hosteleros.
Por su parte, el alcalde, Agustín Fernández, intervino ayer para afirmar que 'o compromiso na moción era buscar alternativas legais para compensar a perda de poder adquisitivo pero o que está claro é que a extra non se pode pagar nin se pode pretender facelo chamándoa doutra maneira'. El regidor recordó las denuncias efectuadas por el Gobierno a otras instituciones que decidieron pagar la extra e incidió en que 'non imos incumprir a legalidade'. Con todo, se comprometió a seguir buscando fórmulas para intentar compensar la pérdida de poder adquisitivo a sus trabajadores.
CARTA DEL MINISTERIO
Fuera de la ciudad, el Ministerio de Hacienda hacía público ayer que había enviado una carta a todos los ayuntamientos españoles en la que les recuerda la imposibilidad legal de pagar este año la segunda extra a sus funcionarios. En esa misiva les pide, además, la certificación de que han inmovilizado el dinero que debían destinar a este fin -que en el Concello de la ciudad se situaba en algo más de un millón de euros-. La delegaciones del Gobierno -en este caso, la de Galicia- han sido las encargadas de remitir este escrito a los concellos.
