Al regidor de la localidad ourensana se le investiga por la presunta comisión de un delito de falsedad de documento público y tráfico de influencias
Los portavoces del grupo Moveboborás, una de las acusaciones personadas contra el alcalde de Boborás, Cipriano Caamaño, han pedido hoy que el juzgado llame a más testigos tras asegurar que "no es posible" que sea la única persona que tomó parte en la comisión de este delito y auguraron que tendrán que llamar a más testigos en las diligencias previas, en concreto, al personal del Ayuntamiento.
El Juzgado de instrucción de O Carballiño tomó declaración esta mañana a la mujer del alcalde de Boborás un vecino de la localidad de A Almuzara (donde se sitúan los hechos); al arquitecto municipal y a un miembro del equipo redactor del Plan General de Ordenación Municipal, PGOM, en calidad de testigos.
Al alcalde se le investiga por la presunta comisión de un delito de falsedad de documento público y tráfico de influencias.
Todos ellos fueron llamados a declarar en relación a la supuesta falsedad en la certificación de una vivienda del alcalde, que aparecía como construida el núcleo tradicional de A Almuzara (Boborás) desde 1999, pero que no fue levantada hasta el año 2010.
A la salida del juzgado, la mujer del alcalde rechazó hacer declaraciones e insistió en que "acudo como testigo, no como personaje de la vida política".
Sus declaraciones contrastan con las realizadas por la portavoz de Moveboborás, Eva Pardo, quien la ha considerado "implicada directa" de estos hechos y ha esgrimido que "tiene mucho que decir porque es copropietaria de la vivienda y fue promotora de la construcción", además de ser quien hizo las alegaciones al Plan de Urbanismo.
"El alcalde no hizo esto él solo, tiene que haber más implicados", ha insistido Pardo, quien ha pedido que sean citados a declarar más testigos "porque los de hoy seguro que todos tendrán lagunas y no se van a acordar de nada".
En concreto, ha aludido directamente al personal del Ayuntamiento que será el que, según sus declaraciones, tiene que dar a conocer "quien mandó cambiar los planos del PGOM, y quien fue el encargado de realizar estos cambios".
También ha reclamado la realización de una prueba caligráfica para descubrir la autoría de un certificado manuscrito en el que supuestamente el alcalde certificó datos de la casa "ilegal" y del que niega ser el autor.
El juicio, para el que todavía no hay fecha y que podría demorarse más de un año, podría suponer el derribo de la casa del alcalde.
