Los policías locales del rural ourensano, los “perjudicados y olvidados”

Si hay alguien amordazado por la Ley de Seguridad Ciudadana son los policías rurales de la provincia ourensana. Hay tres villas que solo cuentan con un par de policías locales y tres en el mejor de los casos. Son A Rúa, Maceda y Viana do Bolo. Entre los artículos que se pretenden modificar está la reducción del tiempo de identificación de seis a dos horas y la obligatoriedad de devolver al infractor al lugar en el que actuó. Pese a que no es una de las medidas que más llamaron la atención a los detractores del cambio, si fue uno de los aspectos más criticados por las fuerzas de seguridad. Además, en declaraciones a este periódico, la diputada popular Ana Belén Vázquez afirmó que “suponen un gran trastorno para la España despoblada”. Excepto en la ciudad de Ourense y obviando que la plantilla de la Policía Local está al 60%, en el resto de la provincia los cuerpos son muy limitados por lo que estas medidas podrían estar por encima de sus posibilidades de actuación. La diputada explica que “con estas nuevas normas en la ley, las fuerzas de seguridad no van a dar a basto en muchas situaciones”. Pone como ejemplo un caso que, pese a ser poco habitual, también ocurre en el rural, como fue recientemente en Carballiño. “Ante una manifestación ya no tendría que haber previo aviso, por lo que podría surgir cualquier incidencia”. En este sentido, si el personal es mínimo, no contarían con el tiempo de organización previa y podrían no tener disponibilidad para otras tareas. Esta situación se suma a la futura obligatoriedad de llevar a los detenidos al lugar donde cometieron la infracción. Desde las Jefaturas provinciales expresan preocupación y afirman que se ven “haciendo de taxistas”. 44 kilómetros Juan Carlos Rodríguez es uno de los tres policías que hay en Viana do Bolo. Su territorio abarca 52 aldeas y 44 kilómetros a la redonda, desde el centro a la parroquia más alejada. Todas ellas están en cada turno bajo la vigilancia de hombre que se desplaza cada día por sinuosas y empinadas carreteras. “En coche tardas casi una hora en llegar a algunos puntos. Si detenemos a alguien fuera del centro perdemos casi dos horas en ir y volver con el detenido”, explica. Es el mismo tiempo que con la nueva Ley Mordaza se puede tener a alguien sin identificar. “Si encima después lo tenemos que llevar de vuelta a otro juzgado, donde se le detuvo, ya vuelves a quedarte inoperativo”, explica Rodríguez. A Rúa es otra de las localidades con un personal mínimo. El agente de turno, Teodoro, relata como habitualmente tienen que echar mano de la Guardia Civil: “Yo tuve un altercado el pasado fin de semana. Un hombre se puso violento, me fue muy complicado hacer mi trabajo, no tuve más remedio que llamar”. El gobierno incrementó, para mayor protección a los cuerpos de seguridad, el cuerpo nacional en 10.000 agentes. Sin embargo, estos organismos no están amparados en la provincia. Pero Teodoro afirma que la ley Mordaza “nos desportege y solo somos dos, aquí no llegan los incrementos de personal”, señala. En Verín la plantilla es un poco más nutrida. Sin embargo, son nueve agentes locales para 13.800 habitantes y que no se incremente el personal de este cuerpo es también un problema que los incapacita. Jorge Prieto indica desde allí que “como no tenemos efectivos, durante la semana no podemos acoger a dentenidos, por lo que se los está llevando la Guardia Civil. Las medidas de la Ley Mordaza que más afectarán al rural ourensano El tiempo de detención se reduce de seis a dos horas: en algunas localidades el tiempo en carretera para llegar de un punto a otro es de una hora, por lo que en dos ya se habría agotado el límite con un detenido. Devolver al infractor al lugar en el que fue detenido: los agentes provinciales califican de “hacer de taxista” tener que ejecutar esta función. No tener que alertar de una manifestación: la falta de previsión obligaría a los escasos efectivos a movilizarse y no realizar otras funciones durante su transcurso.