Otro pleito que ha venido a complicar la gestión municipal en los últimos días, el que afecta a la construcción del edificio judicial, ha provocado que el centro de salud de O Vinteún tome ventaja con respecto al de O Couto.
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Ourense, que anula parte del proceso de expropiación del solar para este último equipamiento y la Cidade da Xustiza, ha llevado a la Consellería de Sanidade a incluir este centro de salud 'nun próximo paquete de licitación', si bien no concreta las fechas en las que ésta se producirá. Así lo aseguraba ayer el departamento autonómico después de la reunión mantenida en A Coruña entre su titular, Pilar Farjas, y el alcalde, Francisco Rodríguez.
Y mientras la asesoría jurídica de la Xunta analiza la sentencia y el alcalde se compromete a 'acurtar os prazos xudiciais, confiando en que o Concello poda ceder ó terreo', el centro de salud de O Vinteún será licitado antes de que finalice el año, según aseguró elregidor. En la reunión, Farjas también comunicó a Rodríguez que estas infraestructuras sanitarias se construirán según el nuevo modelo de financiación, que incluye la colaboración de la empresa privada -además de hacer la obra, asume determinados aspectos de la gestión-. Es esta una cuestión de la que discrepa el regidor porque se incrementará finalmente el coste, aunque 'neste tema o necesario é abordar canto antes a posta en servizo destes centros de saúde porque os veciños os necesitan'.
El de Mariñamansa, posible
Asimismo, según Rodríguez, la conselleira se comprometió a analizar las posibilidades de financiación durante el próximo año para la construcción de un centro de salud que dé servicio a los vecinos del sureste de la ciudad (Barrocás, Seixalbo, San Francisco, entre otros barrios que en la actualidad se desplazan hasta A Cuña). Por último, Farjas informó al alcalde de que las subvenciones para los programas de drogodependencias continuarán tramitándose a través de la Fegamp, como ocurrió este año, para reducir los trámites administrativos.
Los centros de salud de O Vinteún y O Couto darán asistencia sanitaria básica a cerca de 30.000 personas, que en la actualidad, son atendidos en A Ponte y Nóvoa Santos.
Pero el litigo afecta especialmente al nuevo edificio judicial que es, con una partida presupuestaria de 15 millones de euros -aunque la inversión total superará los 18 millones-, la principal inversión que la Xunta tenía previsto realizar en la ciudad. Prácticamente al mismo tiempo que Presidencia ultimaba los trámites para adjudicar, este mes, la obra de construcción del inmueble, una resolución judicial obligaba al Concello a retrotraer una parte del proceso de expropiación del solar al no habérselo notificado a todos los propietarios.
La repercusión no ha quedado clara, después de que la Xunta afirmase que su asesoría jurídica debe analizar la sentencia y comprobar que existe seguridad jurídica para realizar tanto esta obra como el centro de salud de O Couto, también previsto en esta parcela. Según interpretó en su momento la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, cumplir la sentencia y notificar a todos los propietarios podría suponer un plazo de tiempo de 'dos o tres meses'. Sin embargo, Nóvoa y Fernández estimaron en un año el retraso que sufrirá la nueva sede judicial a consecuencia de este varapalo judicial.
El pleito por el Edificio Judicial irá al Parlamento
El PSdeG ha anunciado que preguntará 'de forma urxente' en el Parlamento 'se a Xunta pretende paralizar o proceso de licitación do novo edificio xudicial en Ourense tal e como anunciaron dous membros do PP na cidade', en referencia al portavoz municipal popular, Enrique Nóvoa, y al parlamentario y candidato a la Alcaldía, Rosendo Luis Fernández, que ya estimaron en un año el retraso de la obra.
El diputado socialista Pablo López Vidal acusa a los populares de 'falta de respecto institucional pola confusión constante entre partido e Goberno á hora de anunciar actuacións que afectan á nosa cidade'. Para él, 'as proclamas do actual voceiro relegado e do novo candidato son mero electoralismo' y añadió que 'prefiren deixar ós cidadáns de Ourense sen unha infraestructura necesaria para mellorar a prestación dun servizo público esencial para a convivencia, como é a Xustiza, que recoñecer o impulso e o traballo realizado polo actual goberno municipal'. López Vidal considera 'unha vergoña que se erixan dous cargos públicos do PP en voceiros das decisións do Goberno. A confusión entre partido e Goberno recorda as etapas anteriores do PP'.
Y mientras la asesoría jurídica de la Xunta analiza la sentencia y el alcalde se compromete a 'acurtar os prazos xudiciais, confiando en que o Concello poda ceder ó terreo', el centro de salud de O Vinteún será licitado antes de que finalice el año, según aseguró elregidor. En la reunión, Farjas también comunicó a Rodríguez que estas infraestructuras sanitarias se construirán según el nuevo modelo de financiación, que incluye la colaboración de la empresa privada -además de hacer la obra, asume determinados aspectos de la gestión-. Es esta una cuestión de la que discrepa el regidor porque se incrementará finalmente el coste, aunque 'neste tema o necesario é abordar canto antes a posta en servizo destes centros de saúde porque os veciños os necesitan'.
El de Mariñamansa, posible
Asimismo, según Rodríguez, la conselleira se comprometió a analizar las posibilidades de financiación durante el próximo año para la construcción de un centro de salud que dé servicio a los vecinos del sureste de la ciudad (Barrocás, Seixalbo, San Francisco, entre otros barrios que en la actualidad se desplazan hasta A Cuña). Por último, Farjas informó al alcalde de que las subvenciones para los programas de drogodependencias continuarán tramitándose a través de la Fegamp, como ocurrió este año, para reducir los trámites administrativos.
Los centros de salud de O Vinteún y O Couto darán asistencia sanitaria básica a cerca de 30.000 personas, que en la actualidad, son atendidos en A Ponte y Nóvoa Santos.
Pero el litigo afecta especialmente al nuevo edificio judicial que es, con una partida presupuestaria de 15 millones de euros -aunque la inversión total superará los 18 millones-, la principal inversión que la Xunta tenía previsto realizar en la ciudad. Prácticamente al mismo tiempo que Presidencia ultimaba los trámites para adjudicar, este mes, la obra de construcción del inmueble, una resolución judicial obligaba al Concello a retrotraer una parte del proceso de expropiación del solar al no habérselo notificado a todos los propietarios.
La repercusión no ha quedado clara, después de que la Xunta afirmase que su asesoría jurídica debe analizar la sentencia y comprobar que existe seguridad jurídica para realizar tanto esta obra como el centro de salud de O Couto, también previsto en esta parcela. Según interpretó en su momento la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, cumplir la sentencia y notificar a todos los propietarios podría suponer un plazo de tiempo de 'dos o tres meses'. Sin embargo, Nóvoa y Fernández estimaron en un año el retraso que sufrirá la nueva sede judicial a consecuencia de este varapalo judicial.
El pleito por el Edificio Judicial irá al Parlamento
El PSdeG ha anunciado que preguntará 'de forma urxente' en el Parlamento 'se a Xunta pretende paralizar o proceso de licitación do novo edificio xudicial en Ourense tal e como anunciaron dous membros do PP na cidade', en referencia al portavoz municipal popular, Enrique Nóvoa, y al parlamentario y candidato a la Alcaldía, Rosendo Luis Fernández, que ya estimaron en un año el retraso de la obra.
El diputado socialista Pablo López Vidal acusa a los populares de 'falta de respecto institucional pola confusión constante entre partido e Goberno á hora de anunciar actuacións que afectan á nosa cidade'. Para él, 'as proclamas do actual voceiro relegado e do novo candidato son mero electoralismo' y añadió que 'prefiren deixar ós cidadáns de Ourense sen unha infraestructura necesaria para mellorar a prestación dun servizo público esencial para a convivencia, como é a Xustiza, que recoñecer o impulso e o traballo realizado polo actual goberno municipal'. López Vidal considera 'unha vergoña que se erixan dous cargos públicos do PP en voceiros das decisións do Goberno. A confusión entre partido e Goberno recorda as etapas anteriores do PP'.
